Una acusación del caso Alcàsser pide identificar con ADN a las tres víctimas casi 30 años después

La Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención ha solicitado al juez de Alzira que instruye el caso Alcàsser que se identifiquen con pruebas de ADN los restos de las tres víctimas, con el fin de estrechar la acusación sobre Antonio Anglés, en caso de que apareciera y estuviera vivo. 

Según ha informado el perito judicial y presidente de esta asociación, Félix Ríos, la petición ha sido inicialmente denegada por el juez instructor, pero se ha presentado un recurso y se seguirá insistiendo en esta petición ya que, en el momento del hallazgo, los cuerpos de Miriam, Toñi y Desirée fueron identificados únicamente por su antropometría y por los efectos personales hallados.

Esta acusación sostiene que no tiene duda alguna de que los restos hallados pertenezcan a las niñas, pero advierte sobre la posibilidad de que, en caso de ser hallado con vida y puesto a disposición de los tribunales, Antonio Anglés pudiese "eludir la acción de la Justicia por una cuestión de forma".

Para la realización de las pruebas de ADN, Laxshmi propone que se tomen muestras de los cráneos de las tres jóvenes, que se conservan en el Instituto Nacional de Toxicología, y que se cotejen con los perfiles genéticos de sus padres.

Esta parte se ofrece a encargar las pruebas a especialistas en caso de que el juez lo considere un gasto innecesario, aunque insiste en la conveniencia de que se practiquen en "instituciones oficiales".

En los últimos meses esta acusación ha promovido la búsqueda de nuevas evidencias en los vehículos de Miguel Ricart y Antonio Anglés y el análisis con técnicas modernas de otros vestigios que se conservaban como fruto de la investigación policial.

El pasado 27 de enero se cumplieron 29 años del hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desirée, las tres chicas de entre 14 y 15 años que habían desaparecido más de dos meses antes. Fueron dos apicultores quienes los hallaron semienterrados en un paraje cercano al pantano de Tous denominado La Romana.

La sentencia dictada en septiembre de 1997 por la Audiencia de Valencia, y confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, dictó que "Miguel Ricart, en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del Tribunal -en referencia a Antonio Anglés-, y posiblemente de alguna otra persona más", secuestraron a las tres adolescentes para satisfacer sus deseos sexuales.

Las víctimas fueron sometidas a violaciones y torturas extremas, y al amanecer del día siguiente fueron ejecutadas y enterradas en una fosa que sus asesinos conocían, pues les había servido con anterioridad para ocultar una moto robada.

La investigación judicial sobre lo sucedido, de la que es responsable un juzgado de Alzira, está completamente agotada, aunque queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.