Ha pasado más de una década desde los últimos coletazos de la guerra del agua en la Comunidad Valenciana. En 2005 el Congreso derogó el trasvase del Ebro y aprobó una reforma del Plan Hidrológico Nacional que potenciaba la solución de la desalación para el sur de Alicante, una solución defendida (sin demasiado éxito) por la entonces ministra Cristina Narbona. El PSOE se quedó con la marca de partido que legisla contra los intereses de la provincia, algo que se ha visto reflejado en los resultados electorales del eje izquierda-derecha desde entonces.
Durante años el cambio de postura había quedado aparcado, y la guerra del agua parecía condenada a quedarse como un capítulo a pie de página de la historia reciente valenciana. Hasta ahora.
La decisión del Gobierno de ejecutar la semana pasada el primer paso del recorte del trasvase Tajo-Segura, asumiendo además las tesis del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page (PSOE), ha puesto en pie de guerra a los agricultores de la provincia de Alicante, quienes ya han programado concentraciones contra la decisión. No se trata de una cuestión política, sino espontánea: existe un sentimiento de indignación legítima en este sector productivo, canalizado a través de las protestas callejeras.
En este resurgir de la guerra del agua, que marcará el final de la legislatura valenciana, los partidos se han apresurado a tomar posiciones. La del PP valenciano, con el alicantino Carlos Mazón al frente, está clara: rechazo absoluto al recorte y petición al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que se "plante ante las políticas de Pedro Sánchez y defienda los intereses de nuestra tierra".
Para el síndic adjunto del PP en las Cortes, Miguel Barrachina, la propuesta del jefe del Consell de crear un comité de expertos "es una burla y una propuesta para reírse de los valencianos, al igual que lo están haciendo con la reforma del sistema de financiación".
La síndica de Ciudadanos (Cs), Ruth Merino, ha considerado que la polémica por el trasvase "al final se trata de insolidaridad entre las comunidades autonomías" y ha propuesto un Plan Hidrológico Nacional "fruto del consenso político y de las comunidades autónomas que solucione esta injusticia".
Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, se ha sumado también a la petición de la redacción de un Plan Hidrológico Nacional que solucione el reparto del agua que "es de todos" y ha lamentado la "nueva traición" del PSOE a la Comunidad, y en concreto a la provincia de Alicante "condenada por estos gobiernos a convertirse en un desierto".
Tanto Ciudadanos como Vox han anunciado que se sumarán a la manifestación del próximo 17 de mayo en Alicante en defensa del trasvase Tajo-Segura.
El Botánico apunta al PP
Este posicionamiento ha tenido este martes una respuesta en las Cortes, donde Compromís y Unides Podem han acusado a los populares de volver a generar una "guerra del agua".
La síndica adjunta del partido valencianista, Aitana Mas, ha manifestado que la postura del PP "responde a una estrategia de visualización de Carlos Mazón, a quien no conoce nadie", ya que ha asegurado que "donde puede ser más fuerte, sobre todo en el sur de la Comunidad, es con este tema y el valenciano".
Mas ha reiterado que su formación está a favor del trasvase Tajo-Segura, "la única medida que garantiza la supervivencia de la agricultura" en las comarcas del sur de la Comunidad, y ha respaldado la postura de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de abogar por el trasvase y apoyar a los agricultores "mediando en lo que sea posible".
"Estamos hablando de un tema muy serio, de centenares de trabajo y millones de euros", ha insistido Mas, quien ha pedido que no se haga polémica al respecto, aunque ha advertido de que "si no hay una vía política de diálogo habrá que ir a los tribunales".
Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha lamentado también que el PP esté utilizando el tema del agua para "embarrarlo", ha insistido en que el agua es un recurso "finito" y que hay que asegurar la agricultura en las comarcas de Alicante haciendo un "uso responsable y sostenible" del mismo.
Lima ha defendido asimismo la propuesta de Puig de crear un grupo de expertos para estudiar todas la alternativas del trasvase, y que "se haga de la mejor forma posible por el interés de los agricultores".