Cuatro de cada diez funcionarios valencianos han sufrido discriminación por su condición sexual

El 43 % de las empleadas y empleados públicos valencianos ha sufrido en algún momento de su vida laboral algún tipo de comportamiento discriminatorio como consecuencia de su orientación sexual.

Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta Discriminación de las personas LGTBI en la Administración Pública de la Comunidad Valenciana, un trabajo de investigación realizado por UGT Serveis Públics del País Valencià en colaboración con la Universitat de València, hecho público con motivo de la celebración, este 17 de mayo, del Día Internacional contra la lgtbifobia.

La encuesta, con una muestra de 840 personas, revela que un porcentaje importante de este colectivo ha sido víctima en su entorno de trabajo de insultos, comentarios negativos, burlas e incluso, aunque en menor medida, de amenazas.

Más de la mitad asegura que se ha visto obligado a evitar ciertas actitudes de su personalidad para no ser prejuzgado en su ámbito laboral (a una de cada cuatro le ha ocurrido forma frecuente o muy frecuente) y hasta un 45 % ha tenido miedo de que en su ambiente descubran que es una persona LGTBI.

Además, a un 26 % de las personas encuestadas esta situación le ha provocado ansiedad o estrés, mientras que un 17 % asegura que se ha puesto en duda su capacidad laboral.

Por otra parte, hasta un 52 % de las empleadas y empleados públicos (pertenecientes o no al colectivo LGTBI han presenciado algún tipo de comportamiento discriminatorio (un 7 % incluso a diario) que en su mayor porcentaje (46 %) se han producido en público, aunque sólo lo han presenciado algunas personas.

En un 36 % de las ocasiones, este tipo de conducta LGTBIfóbica tuvo lugar en privado y sin testigos. El 35% de las veces la agresión proviene de un compañero de trabajo varón, mientras que este porcentaje se reduce en el caso de las compañeras mujeres (13 %). En un 12% de los casos, los comportamientos de odio provienen de las personas usuarias de la administración pública.

Ante estos comportamientos, el 44 % de quienes fueron espectadores no salió en defensa de la persona agredida, frente a un 40 % sí lo hizo y trató de defender a la víctima.

La importancia de un protocolo

La encuesta, respondida por trabajadoras y trabajadores de todos los sectores del ámbito público (administración del Estado, Generalitat, sector público instrumental, ayuntamientos, Educación, Sanidad, etc), desvela también la necesidad de que por parte de los poderes públicos, se potencien tanto las políticas de sensibilización a la plantilla pública, como la divulgación y mejora de los mecanismos de prevención y respuesta ante este tipo de ataques.

De hecho, el 57 % de las personas encuestadas desconoce si en su centro de trabajo existe un protocolo contra el acoso LGTBI y hasta un 45 % no sabría dónde acudir ni qué hacer si fuera víctima de una discriminación de este tipo.

La encuesta también arroja datos que podrían dibujar un ambiente de mayor tolerancia en las administraciones públicas. Así, un 67% de las personas encuestadas afirma que el ámbito público es más seguro que el privado y una contundente mayoría mantiene que nunca rechazaría a alguien por ser LGTBI aunque admite que existe discriminación en el colectivo y lo tiene más complicado para progresar en su carrera laboral.

La mayoría se muestra en desacuerdo con los estereotipos ligados a estas personas y asegura que aceptaría sin problemas que un hijo o una hija suya fuera homosexual, bisexual o transexual.

Un total de 845 personas contestó un formulario de 44 preguntas. El porcentaje más mayoritario de respuesta (45%) provino del funcionariado de carrera y el 31% del personal interino, así como del ámbito de la Generalitat y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias. Cerca del 80 % se identificó como persona heterosexual.

Elche tendrá una unidad contra delitos de odio

Por otra parte, la ciudad de Elche contará antes de finales de este año con una unidad específica de la Policía Local para combatir los delitos de odio que, a nivel nacional, se relacionan con la homofobia, el racismo y la aporofobia o rechazo hacia las personas en situación de pobreza, principalmente a través de las nuevas tecnologías.

Así lo ha anunciado este martes el concejal de Seguridad, Ramón Abad, durante la Jornada de Formación sobre Delitos de Odio, organizada por la Subdelegación del Gobierno en el Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’, con la participación de más de medio centenar de agentes y mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de policías locales de municipios con más de 20.000 habitantes de la provincia de Alicante.

Este encuentro ha coincidido con la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia y en él se ha puesto sobre la mesa multitud de experiencias con el objetivo de dotarse de las herramientas necesarias para identificar los delitos de odio y aplicar la legislación disponible contra ellos.

El fiscal especializado en delitos de odio, Diego Pérez, ha explicado que, a nivel estatal, los más cometidos son los vinculados con el racismo y la homofobia, al ser los colectivos “más visibles”, y ha señalado que se ha producido, además, un ligero aumento de los delitos de odio hacia los transexuales y la aporofobia.

También ha indicado que la mayor parte de estos delitos de odio se da a través de las nuevas tecnologías (aplicaciones y redes sociales), donde el anonimato ayuda a actuar de esa manera.

En el caso de Elche, el Intendente de la Policía Local, Israel Marco, ha asegurado que las cifras son muy bajas en comparación con otros puntos de España y ha apuntado que quizás antes la “cifra oculta podía ser superior”, pero ahora “se consigue que más víctimas no sufran esto en silencio”.