El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que dirige la socialista Teresa Ribera publicó el pasado viernes, 29 de julio, sus modificaciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Y el malestar entre los regantes alicantinos no se ha hecho esperar ya que sólo tienen plazo de alegaciones hasta el próximo 2 de septiembre, en pleno periodo vacacional.
Por el momento las asociaciones de agricultores y regantes no han fijado su posición respecto de la nueva norma ya que la están analizando. Pero el malestar es palpable ya que consideran que el periodo vacacional no es la mejor época para publicar un documento de estas características e importancia.
Por otro lado, de las primeras lecturas del documento los regantes infieren que se trata de una normativa más restrictiva de la anterior que responsabiliza, nuevamente en la misma línea política de las decisiones del Miteco a su colectivo de los problemas medioambientales.
"Hasta que no lo analicemos en profundidad no lo valoraremos, pero suena igual que el resto de normativa del Ministerio", se limitó a decir a EL ESPAÑOL De Alicante el vicepresidente de Fenacore (Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España).
Se da la circunstancia de que los regantes en la vecina Región de Murcia han sido culpados de la situación del Mar Menor en los últimos años, sobre todo desde la Dana de 2019. Un hecho que, por extensión, ha suscitado mucho malestar entre sus compañeros de Alicante y Almería, con quienes comparten el agua del trasvase del Tajo-Segura por utilizarse este hecho contra la vigencia de las transferencia hídrica.
No en vano se establece que pese a que desde 1986 se ha establecido "la posibilidad de establecer perímetros de protección en captaciones de aguas destinadas al consumo humano y en zonas protegidas o de especial interés ecológico, paisajístico, cultural o económico", apenas se ha aplicado.
El texto
En el preámbulo del decreto, el Ministerio expone que se trata de la "actualización de sus disposiciones que se entiende muy necesaria en aras de lograr la mejor regulación de su protección, utilización y gestión" del dominio público hídrico.
Para ello, impulsa "medidas para garantizar su buen estado, proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, incluidos los humedales e invertir tendencias de aumento de la concentración de contaminantes".
Así, se plantean cinco ejes: medidas de protección de las masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado; criterios y procedimiento administrativo para el establecimiento de perímetros de protección; y disposiciones específicas para autorizar el vertido de aguas residuales.
También, medidas de actuación frente a episodios de contaminación puntual; y finalmente, criterios para valorar los daños causados por contaminación y su vinculación con el procedimiento sancionador.
En el borrador del decreto se habla explícitamente de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos como "uno de los problemas ambientales más acuciantes que debe abordar la Administración hidráulica y supone un riesgo tanto para el medio
ambiente como para la salud de las personas. El principal origen de ésta son las actividades agrarias (agricultura y ganadería) así como los vertidos de aguas residuales urbanas.