El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante ha intervenido durante el mes de junio una tonelada de productos pesqueros, frescos y congelados, en varias inspecciones realizadas en distintos establecimientos de Alicante capital, Altea y Elche. El pescado intervenido, que estaba destinado a su comercialización, ha sido retirado por no cumplir con los requisitos establecidos. Los locales se enfrentan a sanciones que van desde los 601 hasta los 30.000 euros de multa.

Los agentes de Alicante han realizado numerosas inspecciones en distintos establecimientos de comercio y hostelería dedicados a la venta de pescado, "con la finalidad de garantizar la calidad de la mercancía a los consumidores, así como proteger tanto el medio natural como la supervivencia de las distintas especies".   

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Las inspecciones, en esta ocasión, se han llevado a cabo en Alicante capital, Altea, Elche, Santa Pola y Teulada. En algunas de estas comprobaciones, los agentes detectaron diversas infracciones.

Entre ellas la localización de dos establecimientos de almacenamiento, distribución y transformación de productos pesqueros que carecían de autorización ni registro sanitario para desarrollar la actividad. Incluso en uno de estos establecimientos, la autorización había sido suspendida por la autoridad sanitaria por haber dejado de reunir los requisitos preceptivos de calidad sanitaria.

En cuanto a los establecimientos de hostelería, en dos de los inspeccionados los agentes detectaron en el almacenamiento de los productos alimenticios la carencia de etiquetado o cualquier otra trazabilidad con la que poder determinar su origen y condiciones para el consumo.

Producto intervenido

En total ha sido intervenida más de una tonelada de productos, tanto frescos como congelados, de atún rojo, musola, pulpo, calamar, sardina, quisquilla, y langostino. El producto aprovechable, se ha entregado a centros benéficos para su consumo, tras pasar los pertinentes controles de calidad. El resto ha sido destruido.

Los infractores, los responsables de dos almacenes de Alicante y Altea, y dos restaurantes de Elche, han sido denunciados.

Las infracciones observadas están clasificadas como graves, por lo que conllevan posibles sanciones de entre 601 a 30.000 euros. Los expedientes instruidos han sido remitidos a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del pescado intervenido y, en su caso, a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública.

Estas inspecciones se llevan a cabo en el marco del Plan Anual de Control e Inspección de las Actividades Pesqueras (PACIAP). Los agentes de la Guardia Civil las realizan de forma periódica y tienen como finalidad el control de los productos de la pesca para un aprovechamiento sostenible.

Estos controles determinan la legalidad del origen y las condiciones sanitarias de los distintos productos destinados al consumo. Los productos perecederos, entre otros controles, se someten a una estricta vigilancia de la cadena de frío, para evitar su deterioro.