El aparente cambio de ciclo que lentamente está cristalizando en las encuestas amenaza con acabar con la hegemonía de la izquierda en territorios clave como la Comunidad Valenciana, donde gobierna en coalición desde hace dos legislaturas. El empate técnico que se adivinaba hace un año ha ido decantándose hacia la victoria del PP, y la gran duda es cómo afectará a los partidos en el poder desgaste económico que se adivina en el horizonte inmediato.
Uno de los territorios clave donde se decidirá la victoria valenciana es Alicante. En esta provincia los populares tienen su mayor feudo de poder, la Diputación, que lograron retener en las últimas autonómicas pese al ascenso del PSOE y la fuerte irrupción de Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas siempre ha tenido una implantación natural en el sur de la Comunidad Valenciana, con resultados excelentes en lugares como la capital provincial, donde ya en 2015 se hicieron con una importante cuota de votos pese a tener un candidato y un equipo prácticamente desconocido.
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El previsible descalabro de los liberales y un posible freno de Vox (tal como ha ocurrido en Andalucía) anticipan buenos resultados para los populares liderados por Carlos Mazón. En el lado contrario, el PSOE no solo necesita ser el partido más votado, sino que tanto Compromís como Unidas Podemos necesitan mantenerse para poder reeditar el Botánico una tercera legislatura.
Es en Alicante donde estos partidos han tenido más dificultades de implantación, en parte por un discurso valencianocentrista que no ha encontrado voz propia en la provincia, especialmente de las comarcas centrales hacia abajo. Y ahí es donde el PSOE confía en encontrar un importante nicho de votos, con el apoyo del Gobierno central.
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La semana pasada el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional, Jorge Alarte, ya dio un primer aviso de por dónde irían los tiros: los Presupuestos Generales del Estado deben tener en cuenta la infrafinanciación crónica de Alicante, y colocarla en un lugar preferente teniendo en cuenta su población (es quinta de España) y que en ejercicios anteriores ha sido la última en inversión per cápita.
Hay más frentes abiertos que tapar. El rechazo unánime a la tasa turística, impulsada por los socios del PSOE, la guerra del agua o la aplicación del plurilingüismo en zonas castellanoparlantes como la Vega Baja son algunos de los debates que Ximo Puig tendrá que abordar en los próximos meses y que pueden ocasionar fricciones con sus socios. En el tema turístico, por ejemplo, ya ha empezado a desmarcarse con el anuncio de cinco millones de euros para complementar los precios del Imserso y rescatar el programa en la autonomía, una medida que se ha hecho sin el beneplácito de Compromís y Unidas Podemos.
Puig debe, además, vender a marchas forzadas un proceso de descentralización de la Comunidad que, en la práctica, no se ha producido en esta legislatura. Innovación, la primera Conselleria ubicada en Alicante, ha operado en la práctica desde Valencia, y la creación de organismos autónomos como la Agencia Valenciana del Territorio en Elche tienen un impacto muy moderado en la toma de decisiones. De momento las intenciones del PSOE valenciano han sido estéticas, y la ruptura sentimental entre Valencia y Alicante sigue tan vigente como siempre.
Cumbre europea
Precisamente dentro de esta campaña de visibilización se encuadra la cumbre euromediterránea que se celebrará en la ciudad de Alicante el próximo 30 de septiembre, un foro en el que, además de España, participarán Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Malta, Eslovenia y Croacia y que reúne a los países del arco mediterráneo.
España ejercerá de anfitrión en este encuentro que contará con distintas ubicaciones en la ciudad alicantina, entre las que se barajan Casa Mediterráneo, que funcionaría como lugar donde celebrar encuentros bilaterales; de Ciudad de la Luz, en el que se realizarían reuniones y ruedas de prensa; y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que se utilizaría por su amplio salón de actos.
Fuentes conocedoras del encuentro resaltaron a EFE que una delegación de Moncloa está visitando durante esta semana los espacios mencionados con tal de confirmar los mismos.
Durante la última cumbre, celebrada en Atenas el pasado septiembre, estos países hablaron de migración y crisis climática, en un encuentro al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a sus homólogos, y también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
De hecho, en ese encuentro, Sánchez reclamó por primera vez "una solución común europea" al alza del precio de la luz.
Inicialmente, este grupo de países mediterráneos se denominó Med7 y estaba formado por Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta, pero el pasado septiembre se unieron Eslovenia y Croacia, convirtiéndolo así en el Med9.