La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana medidas que agilicen el control y la eventual sanción contra el exceso de ruido, después de que un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente haya indicado que algunos municipios se encuentran expuestos a niveles de ruido prolongados que resultan perjudiciales para la salud.
Las medidas que la OCU solicita, sobre todo a las capitales de provincia y municipios turísticos, se centran en poner a disposición de los vecinos de un número de teléfono del ruido donde centralizar las denuncias de este tipo.
También solicita impulsar "una rápida actuación municipal" para medir el posible exceso de decibelios percibido por los vecinos, y sancionar con diligencia al infractor en caso de que la conducta sea grave o exista una reiteración en la actividad molesta, según ha informado la organización de consumidores.
A nivel normativo, la delegación de OCU en la Comunidad Valenciana propone reducir los límites máximos de ruido (en decibelios) admitidos en el interior de las viviendas hasta los 30 dBA de día y los 25 dBA de noche en dormitorios, tal y como establecen las ordenanzas de Madrid y Barcelona.
Normativa actual y viviendas turísticas
Actualmente los límites municipales en la mayor parte de las ciudades de la Comunidad para las estancias de descanso son superiores: de 40 dBA de día y 30 dBA de noche en Valencia y Castellón; y de 40 dBA de día y 25 dBA de noche en Alicante, y aunque pueden parecer poca diferencia, un aumento de apenas 10 dBA supone escuchar el mismo ruido el doble de fuerte.
Para el caso concreto de las viviendas de uso turístico, la organización de consumidores se muestra a favor de las iniciativas para controlar el exceso de ruido, que a través de un sonómetro advierten al huésped del exceso de ruido y, llegado el caso, envía a un conserje a la vivienda.
No obstante, considera que los ayuntamientos deberían desarrollar una normativa específica para preservar el uso residencial del centro urbano y controlar las actividades económicas relacionadas con este tipo de hospedaje, tal y como ya existe en otras capitales como Madrid y Barcelona.