El 1 de abril de 2016 marcó un antes y un después en la relación del empresario Enrique Ortiz con el poder. El mayor dueño de suelo urbanizable de Alicante, principal contratista del Ayuntamiento, reconoció ante el juez que había financiado de manera irregular al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, dentro de la trama Gürtel.
Hasta ese momento, y pese a ser un habitual en los juzgados, solo había habido sospechas o audios que demostraban su cercanía a la clase política. Su confesión se convirtió en un punto de inflexión en el sur de la Comunidad Valenciana, donde copaba los principales contratos de limpieza del Ayuntamiento de Alicante.
Apenas un año después, en febrero de 2017, Ortiz renunció a su primera gran contrata en la ciudad: la limpieza de colegios y dependencias municipales, que se le había adjudicado en 2012 por unos 8 millones de euros anuales.
En el Gobierno municipal había en ese momento un tripartito de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) que había permitido que Ortiz dispensase ese servicio durante más de un año después de haber caducado, debido a que sus integrantes no se ponían de acuerdo si rescatar o no su gestión.
La historia de este contrato es ilustrativo de cómo funcionaba Ortiz en Alicante. Se adjudicó en pleno estallido del caso Brugal, que investigaba un presunto amaño del Plan General de la ciudad a favor del promotor. El consistorio estaba liderado entonces por Sonia Castedo (PP), imputada junto al promotor.
La oferta del empresario fue la más cara de las tres que se presentaron, y se dio en base a los juicios de valor de los técnicos. Ni la investigación abierta en ese momento, ni los escándalos que sacudían la prensa nacional prácticamente a diario impidieron que se acabase llevando la adjudicación.
La historia de Ortiz con la limpieza
Ahora, seis años después de su confesión, el empresario saldrá también de uno de los principales megacontratos la ciudad: el de limpieza viaria, que lleva prestando desde hace más de 20 años en una Unión temporal de Empresas con FCC y Ferrovial. Primero lo hizo como Inusa, una mercantil a la que se incorporó cuando el servicio ya se había formalizado a principios de los años 2000.
El segundo fue en UTE Alicante, la actual adjudicataria, donde Ortiz amplió su participación. Este concurso, cerrado en septiembre de 2013, fue polémico porque la unión temporal fue la única que presentó oferta, y además los técnicos tuvieron que elaborar un informe para descartar que la propuesta fuese temeraria.
En aquel momento el Gobierno municipal vendió que ese contrato era de "todo incluido", indicando que no habría sobrecostes en la adjudicación. Se trataba de un punto especialmente importante ya que era la tónica general con el anterior servicio, y lo que había llevado al Ayuntamiento a solicitar préstamos por 70 millones con el aval del Estado para poder pagar las facturas pendientes. Se pagaban más de 700.000 euros mensuales por servicios extraordinarios.
Esa situación, que colocó a la ciudad al borde de la quiebra, provocó una intervención directa del Ministerio de Hacienda en los presupuestos municipales durante más de un lustro.
¿Fuera de todo?
Aunque el contrato de UTE Alicante venció en septiembre de 2021, el equipo de Gobierno lo prorrogó durante un año para preparar el nuevo concurso. EL ESPAÑOL ya había avanzado que Enrique Ortiz sopesaba no presentarse al pliego de limpieza viaria, aunque no descartaba hacerlo para gestionar la plantar de tratamiento de residuos.
Este extremo se confirmó cuando se abrieron las ofertas y sus dos socios en UTE Alicante, FCC y Ferrovial (ahora PreZero) aparecían como únicos integrantes de la nueva UTE. Este martes la Mesa de Contratación ha confirmado que esta oferta es la mejor clasificada en el concurso, por lo que será la próxima adjudicataria.
¿Qué pasará ahora? ¿Renunciará Ortiz a sus negocios en el Ayuntamiento de Alicante? Existen varias posibilidades. Lo cierto es que cuesta entender la gestión de la limpieza sin Ortiz, básicamente porque durante años personas de la confianza del promotor han ocupado puestos de responsabilidad en la empresa. Pero también es verdad que la crisis reputacional abierta con Brugal (pese a su sentencia) y Gürtel es difícilmente reversible, y su presencia es una manzana envenenada para los políticos, especialmente los del PP.
Ahora queda por saber si Ortiz se atreverá a optar a nuevos servicios en Alicante, o incluso si intenta entrar en los que ya hay. Eso mismo sucedió en el contrato que Inusa consiguió en 2001.
Su papel siempre se ha interpretado dentro de la UTE como el de un empresario local que conoce bien el ecosistema en el que se mueve, algunas veces con procedimientos que han acabado en los tribunales. Pero también es cierto que FCC y Ferrovial llevan más de dos décadas ocupándose de la limpieza de Alicante, y que, al final, lo importante para las empresas es mantener su negocio. Caiga quien caiga.