Nuevos Presupuestos Generales del Estado, nuevo agravio comparativo a la provincia de Alicante. Si parecía imposible empeorar las cifras de inversiones del año pasado, en el que la provincia ya fue última en España en inversión per cápita, el Ejecutivo ha vuelto a rizar el rizo con un nuevo descenso que deja a Alicante con apenas 160,8 millones de euros, apenas una tercera parte de lo que le correspondería por su población de 1,86 millones de personas.
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El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha bajado 12 puntos las inversiones respecto a este año, cuando ya hubo un recorte de más de 30 %.
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La noticia supone volver a colocar a la provincia en el furgón de cola de las inversiones en España, y eso pese a que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 destinan 1.269,46 millones de euros a la Comunidad Valenciana, un 3,3 % más. Pero ese incremento no irá a parar a Alicante, donde la diferencia de inversión per cápita respecto a Valencia y Castellón ya era notable.
La noticia supone también un aviso político al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha tratado de visibilizar la provincia dentro de la carrera electoral a la que se enfrentará dentro de 8 meses con unas encuestas muy ajustadas.
En el pleno económico, supone aumentar el agravio histórico de más de 3.000 millones de euros que la provincia de Alicante ha dejado de percibir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca).
También abre un nuevo frente entre la provincia y Madrid después de que el Ejecutivo haya reducido hasta el mínimo las transferencias del trasvase Tajo-Segura, lo que ha causado una reacción inmediata entre los agricultores, y se hayan cambiado la parada de la mayor parte de trenes AVE (de Atocha a Chamartín) con el rechazo unánime del sector turístico.
Fondo de Compensación
En total las inversiones territorializadas a la Comunidad Valenciana suponen el 9,3 % del conjunto nacional. La autonomía recibirá además 53,05 millones del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un mecanismo que utiliza el estado para redistribuir la renta entre las autonomías más ricas y las de menor renta.
La Comunidad es una de las autonomías beneficiarias de este fondo, junto con Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla, que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, siguen presentando una renta por habitante inferior a la media nacional.