Si por algo han estado marcadas las dos legislaturas de PSPV y Compromís al frente de la Generalitat (la segunda también con Unidas Podemos) ha sido por la denuncia constante del maltrato del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de financiación.
El discurso del Consell, grosso modo, es que la Comunidad aporta mucho más a la hucha común de lo que recibe, y se ha basado desde junio de 2015 en poner negro sobre blanco la discriminación sufrida por la región, que no ha recibido los recursos suficientes del sistema teniendo en cuenta su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) nacional y el tamaño de su población.
Esto se tradujo en menos fondos para la Comunidad, que criticó con dureza -basada en argumentos- el reparto desigual de las inversiones en España. De hecho, la autonomía fue una de las más penalizadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados durante la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno.
Esto supuso recibir de forma continuada una inversión muy inferior a lo que correspondía en función de su población y de su aportación al PIB español, las dos variables que según el Consell había que aplicar para una distribución justa y equitativa del pastel inversor.
Esa situación se ha prolongado en el tiempo y ha sido especialmente cruel con la provincia de Alicante, que lleva, con el proyecto de PGE de este año, tres ejercicios a la cola de España en inversión por habitante, a pesar de que Valencia y Castellón sí han empezado a recibir una cantidad acorde a su población.
La solución del Consell, con un ojo puesto en las elecciones de mayo, ha sido elevar el peso de Alicante en las inversiones autonómicas hasta el 40 %, tres puntos por encima de lo que le correspondería según su censo. A partir de ahí han lanzado el mensaje de que las cuentas de la Generalitat tratar de "corregir un desequilibrio" producido fundamentalmente desde Madrid.
Datos por PIB y población
No obstante, la realidad es otra. Al menos en lo que se refiere al reparto de las inversiones en infraestructuras, que es el meollo de la inversión, durante el mandato de Ximo Puig ha sucedido algo similar dentro de la propia Comunidad Valenciana.
Es decir, la asignación de los fondos para obras públicas -que conforman la parte nuclear de la acción inversora de la Generalitat- ha sido desigual en las tres provincias desde 2015. La regla de invertir en función del PIB y de la población tampoco la ha cumplido el Consell en su territorio.
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Así, y según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), si fuera por el criterio del PIB, en el periodo que va de junio 2015 a septiembre 2022, a Alicante le correspondería el 34,10 % de todo lo invertido, es decir, 1.083,78 millones, pero ha recibido 79,80 millones menos.
Si el parámetro que tenemos en cuenta es la población, en esa misma franja de tiempo la provincia tendría que haber recibido el 36,80 % de todo lo invertido, 1.169,59 millones; pero el Consell ha invertido 165,60 millones menos.
Por contra, los datos demuestran que el Consell ha sido mucho más generoso con la provincia de Valencia. Por un lado, y teniendo en cuenta de nuevo el PIB, entre junio de 2015 y septiembre de 2022 a Valencia le correspondería el 52,50 % de todo lo invertido, es decir, 1.668,58 millones; sin embargo, ha recibido 148,62 millones extra.
En cuanto a población, pasa algo similar. Valencia tendría que haber recibido en esos siete años el 51,40 % de todo lo invertido, 1.633,62 millones, pero se han destinado 183,58 millones más. En ambos casos sale ganando mientras Alicante pierde.
Con estos datos, el 3 % adicional que ha anunciado Ximo Puig en las inversiones de 2023 corrigen parcialmente los datos, pero los empresarios ya han advertido de que no puede suponer un parche para paliar el déficit inversor del Gobierno de España.
Precisamente esta tarde tendrá lugar la primera manifestación de protesta contra el proyecto de PGE, con una convocatoria a las 19:00 horas secundada por las principales organizaciones empresariales frente a la Subdelegación del Gobierno.