Dos policías de Alicante, a la cárcel tras robar móviles y joyas de sus intervenciones y por simular accidentes

Dos agentes de la Policía Nacional destinados en la Comisaría de Dénia (Alicante) han sido condenados por la Audiencia Provincial por los delitos de hurto y estafa en ambos casos, a los que se añade el de revelación de secretos en uno de los procesados, cometidos prevaliéndose de su condición de funcionarios públicos.

En concreto, la sentencia dictada por un tribunal de la Sección Décima impone al primero de los acusados una pena total de seis años y medio de prisión como responsable de los tres delitos citados, y al segundo una condena de tres años al considerarlo autor de los delitos de hurto y de estafa, pero no del de revelación de secretos. La resolución judicial es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar entre 2014 y 2016. Respecto al delito de hurto, el fallo detalla que los dos agentes, “a lo largo de sus años de ejercicio” y actuando “de común y previo acuerdo” con “ánimo de obtener un beneficio económico ilícito”, aprovecharon su participación en las intervenciones en las que se les encomendaba para apropiarse de objetos ajenos, como teléfonos móviles o joyas. Después los utilizaban personalmente o se dedicaban a venderlos a terceros.

Los hurtos se producían en los domicilios a los que acudían después de recibir avisos sobre la comisión de determinados robos. Y, según la sentencia, el valor de los objetos sustraídos -principalmente, dispositivos electrónicos como teléfonos y ordenadores, aunque también muebles, relojes y joyas- habría superado los 11.000 euros.

El tribunal también considera demostrado que los dos policías provocaron intencionadamente al menos dos pequeños accidentes de tráfico, valiéndose del llamado ‘método de la rotonda’ (un cambio de dirección repentino por el que se continúa circulando en su interior en lugar de abandonarla), con los que “simularon y agravaron tanto la entidad de las heridas sufridas como los desperfectos ocasionados en su vehículo para así obtener una indemnización del seguro” del conductor del coche contrario.

Uno de los agentes llegó a involucrar en uno de esos percances simulados a otras dos personas, también juzgadas. En su conjunto, con esas simulaciones habrían obtenido indemnizaciones por un valor de más de 23.000 euros por parte de las aseguradoras.

Y, por último, el tribunal estima asimismo acreditado que uno de los dos agentes accedió a las bases de datos policiales y realizó “consultas no autorizadas de carácter personal para ofrecer información a amigos o conocidos sobre terceras personas”.

Escucha del móvil

La investigación que condujo al procesamiento de los dos acusados se inició después de que se activase la escucha de uno de los teléfonos móviles sustraídos en uno de los domicilios en los que habían intervenido, lo que permitió descubrir que permanecía en uso por parte de uno de los policías enjuiciados. A partir de ahí, las pesquisas permitieron desentrañar la comisión del resto de los delitos.

Así, la sentencia impone al primero de los agentes un año y tres meses de prisión por el delito continuado de hurto, un año y nueve meses por el delito continuado de estafa y tres años y seis meses por el de revelación de secretos. Además, acuerda su inhabilitación para trabajar como policía durante el tiempo de cumplimiento de esa condena.

Para el segundo de los policías, la sentencia establece la imposición de un año y tres meses de cárcel por el delito continuado de hurto y un año y nueve meses por el delito continuado de estafa.

Por último, impone tres meses de prisión por el delito de estafa a una de las dos personas que ayudó a simular uno de los accidentes agravados. Al tiempo, el tribunal acuerda la absolución de las respectivas parejas de los tres condenados al no considerar probada su participación en los hechos.

Además, establece que los condenados deberán resarcir a las empresas aseguradoras por los importes defraudados que ascienden a 4.020, 10.679, 5.141, 3.995 y 2.500 euros, en función de cada caso.