La Diputación de Alicante ha formalizado su entrada en el accionariado del Grupo Tragsa, lo que permitirá a la institución provincial encargar directamente a esta empresa pública estatal su intervención inmediata ante catástrofes y emergencias en la provincia, así como la realización de acciones, consultorías y servicios relacionados con el medio rural, el agua, la agricultura y la conservación de la naturaleza.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha firmado este lunes, acompañado por la vicepresidenta segunda, Ana Serna, y la diputada de Patrimonio y Tesorería, María Gómez, la adquisición de este título accionarial de la Empresa de Transformación Agraria, por valor de 9.181 euros, con el director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor, según un comunicado de la corporación provincial.
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Gracias a la entrada en el accionariado, la Diputación de Alicante estará habilitada para encomendar directamente a Tragsa proyectos, consultorías y otros trabajos y servicios, sin necesidad de licitarlos o solicitarlos a través de otras administraciones, ya que la empresa se integrará como medio propio personificado y servicio técnico de la misma institución provincial.
La compra de esta acción, aprobada por el pleno de la corporación provincial a principios de noviembre, se produce en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018 y transpone la normativa europea en contratación pública.
En ella se establece la necesidad de que las diputaciones provinciales y forales, los consejos y cabildos insulares participen en el capital social de Tragsa para poder realizarle encargos.
Sobre Tragsa
Según el comunicado, el Grupo Tragsa presta servicio "en las 17 comunidades autónomas del territorio español y cuenta con una gran capacidad de actuación y de inmediatez en la respuesta". En la Comunidad Valenciana tiene más de 1.500 profesionales, de los cuales cerca de cuatrocientos se encuentran en la provincia de Alicante, ha indicado la Diputación.
El Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec.
Ambas empresas cuentan con una estructura organizativa común en lo que se refiere a la presidencia y a las direcciones horizontales, compartiendo tanto un mismo comité de dirección, que es el máximo órgano directivo de ambas compañías, como el conjunto de recursos de cada una de las unidades que lo componen.
Además, forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional, teniendo la condición de poder adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado.