"En el Levante, sin trasvase, desierto y paro". Con este lema resumen sus reivindicaciones los convocantes de la concentración frente al Ministerio para la Transición Ecológica, que pretende llenar de agricultores durante la mañana de este miércoles la madrileña plaza de San Juan de la Cruz.
Autobuses fletados desde las provincias de Almería, Murcia y Alicante, sin que se pueda concretar todavía el número, llevarán a la capital a "miles de personas", según asegura el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Cristóbal Jiménez.
Para Jiménez, ese "paro" y ese "desierto" son plenamente cuantificables. Los 105 hectómetros de agua menos que se recortarán del trasvase con el aumento de los caudales ecológicos, supondrán "la pérdida de 15.000 empleos y de 27.000 hectáreas del mejor regadío de Europa", afirma Jiménez.
Una protesta a la que va a acudir el Gobierno valenciano en la persona de la consellera Isaura Navarro (Compromís), asistirá junto al secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela. Por su parte, el Gobierno murciano estará representado por su presidente, Fernando López Miras, y el consejero de Agricultura, Antonio Luengo.
Consejo Nacional
La concentración de los regantes de Almería, Murcia y Alicante frente a la sede del Ministerio que dirige la socialista Teresa Ribera, se produce después de las tensiones que han tenido lugar desde que el pasado 29 de noviembre se celebrase el Consejo Nacional del Agua.
En ese órgano se fijaron los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera. En el caso de Aranjuez, se trata de 8,65 metros por segundo, para lo cual el río debe llevar por ese punto más agua que ahora, de modo que se reducen esos caudales trasvasables.
Que al Consejo de Estado se haya elevado una propuesta diferente de la que salió en el Consejo Nacional del Agua, ha levantado todas las suspicacias de las comunidades autónomas implicadas. Empezando por la valenciana que ha pedido audiencia.
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Desde el SCRATS, Lucas Jiménez, viene afirmando que incluso los técnicos del ministerio reconocen en privado que no es necesario fijar caudales ecológicos por encima de los 6 metros cúbicos por segundo. Pero desde el Gobierno central y desde el ejecutivo de Castilla-La Mancha afirman que lo imponen las sentencias del Supremo.
Desde el sureste español se viene aceptando desde el primer momento la fijación de caudales ecológicos en el Tajo como sostienen las sentencias judiciales del Supremo. Con lo que no se está de acuerdo es con la cifra aprobada, una decisión técnica y política, no judicial. Y es que la elevación de los caudales ecológicos condiciona los caudales trasvasables, al suponer mayores desembalses y la consiguiente disminución de las reservas en cabecera.
Agua desalada
Por otro lado, a este aumento de caudales ecológicos en el Tajo se juntó a finales del año pasado el anuncio por parte de Acuamed (empresa pública que gestiona el agua de las desaladoras del Levante español) de que el 31 de diciembre finalizaba el Decreto de Sequía por el que subvencionaba el agua desalada.
No es un hecho menor. El agua desalada cuesta tres veces lo que el agua del trasvase y durante todo el otoño regantes y ministerio han estado negociando hasta 10 años de agua desalada subvencionada. En los últimos meses, sin embargo, en otras negociaciones entre el Ejecutivo central y el valenciano se ha comunicado a Ximo Puig que se estudian 5 años de subvenciones. Los regantes se sienten engañados.
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Desde el SCRATS aseguran que mientras que duraron esas negociaciones el precio del agua desalada se fijó en ceraca de 0,46 euros el metro cúbico mientras que ahora mismo ya ha subido a 1,40 euros a la espera de una Decreto de Sequía transitorio que tiene que lanzar el mismo ministerio contra el que se van a manifestar.
"Esta ministra se cree que no sabemos sumar. Si tenemos un déficit hídrico de 205 hectómetros en la cuenca y otros 200 por los pozos, y se nos recortan 105 del trasvase a cambio de 80 hectómetros de agua desalada, que nos explique sus cuentas", aseguró ayer Jiménez a este diario.