Desde el pasado 1 de enero las ocho ciudades de la provincia de Alicante con más de 50.000 habitantes tienen la obligación de justificar ante la Unión Europea la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) donde el tráfico esté restringido. En concreto, la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, dicta en su artículo 14 la obligación de implantar una serie de "medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad".
En la provincia la medida afecta a su capital, Alicante, con 334.887 habitantes, seguida de Elche (234.765), Torrevieja (84.667), Orihuela (78.505), Benidorm (70.450), Alcoy (59.354), San Vicente del Raspeig (58.978) y Elda (52.813).
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En la práctica, la mayor parte de localidades de la provincia (y no solo, también en el resto de España) incumple este mandato. De hecho, varios alcaldes han solicitado "más tiempo" para implantar la batería de medidas que se incluye la ley.
¿Cuáles son? Pues además del establecimiento de ZBE antes de 2023, deben "facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intraurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas".
Esto incluye "medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de integración multimodal", así cono "la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano".
También es necesario "fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga", algo en lo que se está avanzando pero que tiene enfrente la resistencia del gran público: tal como publicó EL ESPAÑOL, solo el 3 % de las nuevas matriculaciones registradas entre enero y noviembre de 2022 fueron de vehículos de este tipo, con casi el 70 % dependiendo aún de la gasolina.
Finalmente, Europa insta a impulsar "la movilidad eléctrica compartida" y "fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo sostenibles", además de establecer "criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad del aire".
¿Qué se puede esperar?
Según los cálculos del Ayuntamiento de Alicante, hasta el momento solo el 13 % de las ciudades tendrán ZBE antes de finalizar 2023 (20 de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que hay en España). Por esto consideran imprescindible que el Gobierno desarrolle el reglamento de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que fija la implantación de estas áreas, contando con la participación de las administraciones locales.
En el caso de la capital, su hoja de ruta contempla "adoptar antes de que finalice 2023, en cumplimiento de nuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, entre otras, el establecimiento de una zona de bajas emisiones en la zona del centro urbano de Alicante". O lo que es lo mismo: que la ZBE sea plenamente operativa en 2024, con pruebas a lo largo de este año.
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Por su parte, Elche contempla tres zonas de bajas emisiones donde el vehículo privado motorizado estará restringido y que afectará a un total de 526 hectáreas. Las tres zonas serían: el centro de la ciudad, el Palmeral y la Universidad Miguel Hernández.