El cambio de acuerdo unilateral perpetrado por el Gobierno de España respecto a las reglas de explotación del Tajo-Segura (aunque más tarde reconociera que lo hizo a instancias del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page) ha dejado en evidencia las promesas realizadas por el jefe del Consell, Ximo Puig, a los regantes alicantinos. El líder del tripartito de izquierdas que gobierna en la Generalitat no puede negar que estamos ante una nueva guerra del agua, aunque su tesis siempre se ha mantenido en la "no confrontación" con otras administraciones.
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Esta ambigüedad ha supuesto un desgaste evidente para la marca PSOE, porque en realidad el agravio del agua es uno más de los que el Ejecutivo ha alentado hacia la provincia en los últimos meses.
Los titulares empezaron en octubre, con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que colocaba a la provincia (por segundo año consecutivo) como última de España en inversión per cápita, y todo mientras aumentaban las consignaciones a Valencia y Castellón. Ni siquiera la intervención posterior en la fase de enmiendas ha conseguido cambiar esta realidad.
Esta situación ha logrado poner en pie de guerra a la clase empresarial alicantina, que ha protagonizado dos concentraciones contras los desplantes del Gobierno, con la tesis de que Alicante, quinta provincia de España en número de habitantes y en aportación al PIB, está siendo constantemente ninguneada en el reparto de las inversiones públicas.
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El segundo golpe vino a principios de diciembre, con la decisión del Gobierno de que ninguna de las dos sedes estatales a las que optaban Alicante y Elche, la de la Inteligencia Artificial y la Aeroespacial, se ubicarían en la provincia. Este proceso de descentralización de organismos gubernamentales forma parte del discurso
En medio quedan otros temas que se han enquistado, como por ejemplo la batalla casi perpetua de los empresarios hoteleros por los bajos precios del Imserso, y que este año incluso ha obligado a la Administración autonómica a destinar 5 millones de euros a complementar los paquetes para que destinos como Benidorm no se salgan del circuito.
La reacción: más presencia
Ante esta situación, Puig ha decidido intensificar su agenda en la provincia con el objetivo de plantar batalla electoral en las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. La situación a la que apuntan la mayor parte de las encuestas es de empate técnico, con la posibilidad de decantarse hacia el centro derecha o centro izquierda en función también de la fortaleza de los partidos minoritarios.
De momento, la tesis de Puig está clara: aumentar la presencia en la provincia de Alicante todo lo posible, algo que se ha ido notando en los últimos meses pero que ha cogido mucho más impulso esta semana.
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Así, Puig encadenó un jueves en el que asistió a la toma de posesión del nuevo juez del juzgado privativo de Aguas de Orihuela con un fin de semana en Alicante con motivo de la salida de la Ocean Race, el único gran evento que queda en la Comunidad Valenciana de la era Camps y que el actual presidente sigue reivindicando.
Pero es que este mismo lunes toda la agenda de Puig estaba en la provincia, con la inauguración de la reapertura del tramo del tranvía que une Dénia con Benidorm, el acta de replanteo de la nueva Ciudad de la Justicia (una reivindicación histórica de la capital provincial) o la asistencia del presidente por la noche a los premios de la Federación de la Obra Pública (FOPA), con el objetivo de estrechar vínculos con la clase empresarial alicantina.
La cuenta atrás para el proceso electoral ha comenzado y no son pocos los que auguran que este tipo de actos y de anuncios serán una constante durante los cinco próximos meses del Botánico. Algo que entra dentro de la lógica de los procesos electorales, pero esta vez con la pesada losa de las gestiones del Gobierno de España aún reciente en la opinión pública de la provincia de Alicante.