Entre enero y agosto de 2022 el turismo extranjero generó en Benidorm un impacto de 1.207 millones de euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca). Solo en el tercer trimestre del año, el que cubre la mayor parte de la temporada alta (de junio a agosto), la capital turística de la Costa Blanca anotó 598 millones.
Esto supone una quinta aparte aproximadamente de todos los ingresos de visitantes internacionales de la provincia de Alicante (2.702 millones de euros), concentrados en una ciudad de apenas 70.000 habitantes censados.
La cantidad de gasto extranjero supone apenas la mitad del gasto turístico de Benidorm. El resto corresponde a clientes nacionales, especialmente valencianos y madrileños, que ocupan aproximadamente el 50 % de las camas de la ciudad. Se estima que en los meses de verano puede haber entre 250 y 300.000 personas conviviendo en Benidorm.
A pesar de estas cifras, el impacto del municipio en la economía nacional apenas supone tiene un retorno directos desde las arcas del Estado. En los presupuestos más recientes las aportaciones directas no llegaron a los 18 millones de euros (17,7), es decir, unos 252 euros por habitante censado. Si tenemos en cuenta a la población flotante, la cifra no llega a los 70.
Esto se debe a uno de los problemas de fondo es que el Gobierno solo atiende a la estadística del padrón municipal. Por eso el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, lleva años reclamando un cambio en el modelo de financiación local que tenga en cuenta las particularidades de aquellas localidades con un amplio porcentaje de población no residente.
El fallo de la Ley
En teoría este instrumento ya existe con la figura de los municipios turísticos, pero en la práctica se trata de una ley anticuada que realmente no tiene en cuenta las particularidades reales de los principales generadores de negocio del sector.
Con la legislación actual en la mano, ninguno de los principales ocho destinos del sol y playa español puede ser considerado turístico. La Ley pone el foco en las plazas de segunda residencia y no en otras como las hoteleras o los apartamentos, lo que deja fuera a la mayor parte de poblaciones con una hiperespecialización. Al final, una pequeña parte de la población censada tiene que pagar los servicios de todos los turistas que pasan por el municipio durante el año.
Pero es que, aunque se modificase la norma para incluir todas las plazas, la recomensa es la devolución de apenas un 2 % de lo recaudado con gasolina o hidrocarburos. La propuesta de Pérez para arreglar la situación es mucho más directa: que los municipios turísticos se queden con un pequeño porcentaje del IVA que el Estado ingresa.
Esto, en su opinión, permitiría incentivar la actividad y acabar con al menos una parte de la infrafinanciación que sufre Benidorm. La otra, la que tiene que ver con la falta de inversiones en obras (el Gobierno aún no ha pagado su parte del paseo de Poniente), es un problema que afecta a toda la provincia de Alicante desde hace años.