La Comunitat recorta las ayudas a las personas en viviendas supervisadas de salud mental, según Aerte

La patronal de residencias Aerte ha convocado para el 16 de febrero una concentración ante la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con el lema "Contra el bloqueo del acceso al sistema de salud mental y de dependencia" para mostrar su rechazo al decreto del Consell de agosto de 2022 y pedir que haga las "modificaciones necesarias" para prestar una "adecuada atención".

En el decreto 102/2022 de 5 de agosto, el Consell modificaba el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.

Según Aerte, en el nuevo decreto se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental.

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Explica que hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, "y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos", y añade que esta situación "está impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona".

También critica que limita el precio de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, "lo que impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda".

Dudas sobre el proyecto

Asimismo, según Aerte, "no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia".

En cuanto a otras prestaciones, señala que no exige que los profesionales se acrediten para la prestación de asistente personal, "algo que si exige para las entidades. Esto parece discriminatorio, aparte de que va contra la calidad de los servicios que se ofrece".

Según Aerte, las "grandes dudas" generadas por el proyecto de decreto de tipologías en recursos residenciales de mayores y de atención a la salud mental o de centros de día "amenazan la viabilidad de la red de servicios que atiende a personas en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad".

Denuncia que a pesar de todas las reuniones llevadas a cabo "para explicar la gravedad de la situación", la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "se ha negado a llevar a cabo las modificaciones que eviten las graves consecuencias que provocan estas nuevas normativas".