La convocatoria de huelga nacional desarrollada por los Letrados de Administración de Justicia (LAJ) ha forzado este lunes a la suspensión de la vista en la que se debía juzgar al propietario de una agencia de viajes de Alicante acusado de estafar a 160 clientes que concertaron sus servicios para realizar las reservas de sus vacaciones y la compra de billetes de avión.

En este sentido, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha considerado este lunes que esta huelga conlleva "una limitación en el ejercicio de derechos fundamentales" como "el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".

Así lo consideraron desde el Consejo, y agregaron que, en cualquier caso, no pueden sino "respetar a quienes ejercen sus derechos fundamentales": "De hecho, somos quienes defendemos el ejercicio pacífico de los mismos".

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"Sin embargo, lo cierto es que esta situación está provocando a la ciudadanía una limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales, especialmente los que garantiza el artículo 24 de la Constitución Española que incluye el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas", afirmaron. 

A su juicio, el ejercicio de la abogacía y la defensa en juicio "están siendo comprometidos por la suspensión de una gran cantidad de vistas y señalamientos", y con ello, añadieron, los derechos de los que acuden al amparo de la justicia de la que los letrados garantes.

Por ello, instaron a que tanto el Ministerio de Justicia como los letrados "incrementen las vías de comunicación que puedan poner fin a la huelga que tantos perjuicios está causando a la administración".

Una estada de 2019

Los hechos de la vista suspendida tuvieron lugar en el verano de 2019. La Fiscalía sostiene que los afectados acudieron a la agencia para comprar los billetes de sus vuelos, sobre todo a países de América, y que el acusado les cobró sus importes, facilitándoles los respectivos comprobantes, pese a que, presuntamente, no llegaba a contratar los viajes con ninguna compañía aérea.

Así, los perjudicados no podían realizar sus viajes puesto que sus billetes de avión no existían. En total, la suma supuestamente estafada superaría los 200.000 euros.
El Ministerio Público solicita para el acusado siete años de cárcel, mientras que parte de las acusaciones particulares eleva esa petición a los nueve años.

El juicio, que debía celebrarse entre este lunes y el próximo 27 de febrero en varias sesiones repartidas a lo largo de este mes, queda ahora pendiente de un nuevo señalamiento.

Con todo, el proceso podría llegar a cerrarse con un acuerdo de conformidad que evite su desarrollo a partir de las conversaciones iniciadas por las partes, según ha señalado una de las abogadas que ejerce la acusación particular.