La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante juzga este martes a un hombre acusado de intentar estafar a una cooperativa valenciana mediante la supuesta falsificación de un cheque de 150 euros, al que había añadido tres ceros.
Según el relato de la Fiscalía, el acusado acudió a un banco de la ciudad de Alicante el pasado 2 de agosto de 2017 en intentó cobrar el cheque manipulado.
En él había cambiado tanto el nombre del beneficiario como la cantidad económica a percibir, que ascendía a 150.000 euros en lugar de los 150 euros que realmente figuraban en el cheque original.
La entidad bancaria detectó inmediatamente el fraude y bloqueó la cuenta con el dinero, que le devolvió a continuación a la cooperativa perjudicada.
La acusación pública pide para el procesado una pena de dos años de prisión, por un delito de falsificación de documentación mercantil en concurso con un delito de estafa en grado de tentativa.
Otros señalamientos
No es el único juicio por estafa que se va a celebrar esta semana en Alicante. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa para un
hombre al que acusa de copiar el número de tarjeta de crédito de su padre de acogida, de 85 años, y asociarla una cuenta de Paypal que estaba abierta a nombre del procesado.
Los hechos ocurrieron entre octubre de 2020 y junio de 2021 cuando, según la acusación pública, el encausado realizó 675 cargos por un importe superior a
los 38.500 euros.
Asimismo, este lunes juzgan a tres mujeres acusadas de un delito de trata de
seres humanos con fines de explotación sexual al forzar a varias mujeres a ejercer la prostitución en un local de la carretera Nacional 332 a su paso por San Juan de Alicante.
La Fiscalía mantiene que una de las procesadas era la gerente del local y las otras dos eran las encargadas cuando no estaba la primera y realizaban tareas de vigilancia de las víctimas y del dinero que estas ganaban.
Según la acusación pública, las víctimas eran captadas en Colombia por una persona de confianza de la principal procesada, que les pagaba el viaje a España.
Cuando llegaban a Alicante, les anunciaban que habían contraído una deuda de 2.000 euros, que debían pagar mediante el ejercicio de la prostitución. Si las mujeres se negaban, las procesadas las amenazaban con hacerle daño a su familia en su país de origen.
El Ministerio Fiscal solicita para la principal acusada una pena de prisión de siete
años como autora de un delito de trata y para las otras dos, cinco años de prisión como cooperadoras necesarias del mismo delito.