Un británico residente en Benidorm será expulsado del territorio nacional durante un periodo de diez años. El motivo, su reciente condena por parte de la Audiencia de Alicante por incendiar "de manera intencionada" el paraje del mirador ubicado en el parque natural de Serra Gelada. La resolución judicial del tribunal de la Sección Segunda, avanzada por EFE, establece que los tres años de prisión son conmutables por diez expulsado de España.
Los hechos descritos en el fallo se remontan al pasado verano. En concreto, al 22 de junio de 2022 cuando, pasadas las 20 horas de la tarde, el procesado, de 52 años, prendió una zona de vegetación herbácea situada en el entorno de la calle Hawai de Benidorm “asumiendo el riesgo” que su acción suponía respecto a los chalés distribuidos en el entorno.
Lejos de remitir esta acción delictiva, el procesado generó hasta tres focos distintos “con el propósito de destruir” parte de la superficie del parque natural, “a sabiendas de que soplaba un fuerte viento de poniente” en el momento en el que provocó las llamas, según recoge la sentencia.
Acto seguido, también prendió fuego en dos puntos distintos situados a la altura de la Cruz de Benidorm, lo que generó un incendio que acabó afectando a una superficie total de dos hectáreas de matorral y algún pino aislado, según la sentencia.
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El tribunal considera probada la autoría del incendio en la medida en que el procesado fue detenido portando una mochila en la que portaba útiles para prender fuego. Pero con estas pruebas no han bastado porque él mismo asumió su responsabilidad a partir del relato de acusación descrito por la Fiscalía en el inicio de la vista, celebrada el pasado día 16 de marzo.
A este respecto, el ministerio público acabó renunciando a la práctica del resto de la prueba, entre la que también figuraba abundante documentación fotográfica y el fallo impone al acusado la pena de tres años de prisión y multa de 20 meses a razón de 12 euros diarios, que quedará conmutada por su expulsión del territorio nacional por un tiempo de diez años, a partir del próximo 31 de mayo.
Hasta esa fecha, el ahora condenado deberá permanecer en prisión, en la que ingresó el pasado 24 de junio de 2022, dos días después de que se registrase el incendio.
Además de esa pena, el procesado deberá asumir los gastos ocasionados por la extinción del incendio. En concreto, tendrá que abonar 8.255,01 euros a la Generalitat, además de otros 3.498,56 a los bomberos del Consorcio Provincial, dependiente de la Diputación de Alicante.