La Fiscalía reclama penas de cinco años de prisión, nueve de inhabilitación absoluta y otros nueve de inhabilitación para cargo público para la exdirectora gerente del instituto valenciano de conservación (antes Ivacor), Carmen Pérez, y la exjefa de Obra Gráfica, Gemma Contreras, por un fraude y prevaricación en la restauración de libros antiguos.

En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que los libros entraron, se presupuestaron, fueron restaurados en el Ivacor, con herramientas y medios propios y por parte de dos restauradoras del Instituto, pero la facturación se realizó a una empresa particular constituida a instancia de las procesadas para eludir los procedimientos administrativos.

Así se ha puesto de manifiesto en la primera sesión del juicio, que ha arrancado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

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En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Provincial de Valencia relata que, entre 2011 y 2013, un economista y auditor solicitó la restauración de doce libros antiguos de su colección particular “con un valor considerable” al Ivacor, cuando Carmen Pérez era su directora gerente y Gemma María Contreras era la jefa de Obra Gráfica y Material.

La restauración de los libros se llevó a cabo por lotes, y los presupuestos, de hasta 3.500 euros por libro, fueron elaborados por la jefa de Obra Gráfica y firmados por ella y por Pérez.

La Fiscalía asegura en su escrito de acusación que ambas acusadas “eludieron el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público” para favorecer al contratante: no cuantificaron la restauración conjunta de todas las obras para evitar la licitación su superaba los 18,000 euros y eludieron asimismo el procedimiento de contratos menores, que consta de adjudicación directa, aprobación del gasto y factura.

Todo ello, han añadido, con el fin de que la restauración fuera realizada por dos profesionales a las que convencieron para constituir una empresa, Dicarta SC, a la que facturaban los trabajos, si querían seguir trabajando en el instituto.

Además, aunque el Ivacor firmó en 2012 un contrato administrativo menor de restauración de obras de arte, los trabajos con los libros antiguos no estaban incluidos en ese documento.

Según el Ministerio Público, “los trabajos de restauración de los libros se desarrollaron por ambas restauradoras en la sede del Ivacor, con las herramientas y sujetas a la custodia del instituto público, se facturaron y cobraron por Dicarta o por las restauradoras de forma privada, sino ningún tipo de cobertura legal”.

Por eso, entienden que las acusadas causaron un perjuicio económico de 12.630 euros al organismo, y consideran que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito continuado de fraude a la Administración pública.

Para Carmen Pérez, por tanto, como autora material de los hechos, reclaman cinco años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta, además de otros nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para su jefa de Obra Gráfica, como autora y cooperadora necesaria, reclaman la misma pena, y exigen a ambas la indemnización, conjunta y solidaria, de 12.630 euros al Institut Valencià de Cultura o a la Conselleria de Cultura.