Sin chaleco antibalas durante más de trece años. Esta es una de las razones por las que el sindicato Jupol demanda a la Dirección General de la Policía en Alicante por incumplir las normas de prevención de riesgos laborales. Los agentes que declaran este martes en los juzgados tienen que acreditar que forman parte de acciones operativas en las que son necesarias estas medidas y que estas no les han sido proporcionadas por la Administración.
El conflicto entre ambas partes se resuelve a partir de este martes en el juzgado de lo social número 4 de Alicante. La organización sindical, según ha explicado el secretario provincial de Jupol David García a través de un comunicado, basa su demanda en la propia normativa interna de la Dirección General de la Policía en la que se reconoce la necesidad de dotar de este tipo de material de protección a los agentes operativos de la Policía Nacional. Una norma que sistemáticamente viene incumpliendo la DGP, según critican.
Jupol en su demanda solicita que "el Juzgado obligue a la Dirección General de la Policía a facilitar los chalecos antibalas a los agentes y a su vez, que abone una indemnización de entre 20.000 y 40.000 euros a los agentes que han estado sufriendo un grave riesgo por no disponer de este material de protección tan necesario e imprescindible".
García ha indicado que "hoy todavía hay 600 agentes de la Policía nacional en la provincia de Alicante que carecen de chaleco antibalas de dotación, lo que supone un grave riesgo para su seguridad". Y ha añadido que la demanda de Jupol en este sentido es clara y justa: 'Un policía, un chaleco'.
Los agentes que pasan a declarar por el juzgado de lo social este martes tendrán que explicar cuáles son sus funciones dentro del cuerpo, explican fuentes sindicales. Es decir, si les toca formar parte de acciones operativas en las que es necesario este sistema de protección. En ese caso, tendrán que indicar si el chaleco antibalas que usan se lo ha proporcionado la Administración o no. Como indican estas mismas fuentes, son muchos los agentes que han comprado por su cuenta este dispositivo, con precios que van desde los trescientos euros si se adquiere de manera individual.
Para Jupol, se observa de forma plausible que la Administración, tiene la obligación de dotar a sus agentes de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones, por tanto, no dotar de los equipos de trabajo y protección señalados en la Ficha de Puesto de Trabajo implica estar incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales y estar poniendo en grave peligro la vida de los agentes.
Una situación por la que desde Jupol se acude a la Justicia ante la reiterada negativa de la Dirección General de la Policía de solventar la situación de riesgo para los agentes y se reclama que se adopten las medidas necesarias para revertir esta situación y dotar de forma inmediata a los policías de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como a la indemnización a los agentes por el riesgo que han venido sufriendo estos años.