Langford Dominic Sakarai es un ciudadano nacido en España pero con residencia en Suiza que se ha llevado una sorpresa mayúscula al volver a su país de origen para pasar las vacaciones en su chalé de Calpe.
Pedro, un hombre que trabaja como operario en el Ayuntamiento de Calpe lleva un año y medio metido en su casa como presunto 'okupa', y que además pide al legítimo propietario del inmueble 40.000 euros por las reformas que asegura haber efectuado.
La situación es tan dramática que Dominic se ha visto obligado a contratar a una empresa desokupa para tratar a echar a Pedro de la casa, en la que vive hace más de un año y medio junto a su familia. Un equipo de los Informativos de Telecinco ha viajado hasta la ciudad alicantina para tratar de hablar con el okupa. Por suerte, Dominic ya ha recuperado su vivienda, gracias al trabajo de la empresa desokupa.
En el vídeo se observa como los trabajadores de la empresa desokupa preguntan a Pedro: "¿Cómo es posible que un hombre que trabaja en el Ayuntamiento de Calpe sea un presunto okupa?". Por su parte, el invasor no contesta y sigue limpiando tranquilamente la piscina mientras va en bañador. En el vídeo de Telecinco, afirman que el hombre ha reconocido que la casa no es suya, pero que para marcharse quiere 40.000 euros por unas supuestas reformas llevadas a cabo.
Los empleados de la empresa desokupa se encontraban en la puerta de la vivienda esperando a que el invasor se marchara. Mientras tanto, el legítimo propietario y su madre, con la que había viajado hasta España, se vieron obligados a hospedarse en un hotel de la localidad.
"Abandonaron la vivienda"
Desde APD Security, empresa con sede en Calpe que se ha encargado del desalojo, explica a EL ESPAÑOL de Alicante como por suerte "los okupas abandonaron la vivienda el mismo día". Además, entre el propietario y el inquilino no existía ninguna relación previa, algo "muy común en este tipo de casos".
En este caso, poco había más "lejos de la historia que se suelen montar estos okupas". ADP Security confirma que el okupa pedía 40.000 euros al propietario, que "encima había hecho obras en su casa sin su permiso".