El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a casi cuarenta investigados por blanquear presuntamente dinero procedente del narcotráfico en la zona del sureste peninsular, entre los que se encuentra quien dirigiese la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en Alicante, Francisco Javier Méndez Oliva.
En total, son 36 los investigados a quienes el titular del juzgado central de instrucción número 4 ha acercado al banquillo de los acusados por delitos de blanqueo y organización criminal en una pieza separada de la causa que nació de la denominada "operación Beautiful".
Entre los investigados que el juez propone juzgar figuran los supuestos responsables de la organización, Juan Ramón García y Juan Andrés Cabeza; el exjefe de la UDYCO en Alicante Francisco Javier Méndez Oliva; su hermano y su mujer, así como los supuestos miembros de las mercantiles utilizadas para dar curso legal al dinero de presunta procedencia ilícita.
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Se trata de una pieza separada de la causa en la que ya fueron procesadas 79 personas en noviembre de 2021 por delitos de tráfico de droga y organización criminal.
En esta pieza el juez procesa por organización criminal a quince investigados a los que en esa causa principal no se les atribuía ese delito, precisa el auto, de 132 páginas y contra el que cabe recurso.
Ramas en Alicante, Valencia, Barcelona y Galicia
El magistrado desglosa todo un entramado mercantil constituido en torno a la figura de Juan Ramón García como supuesto responsable de una organización criminal dedicada a una actividad sistemática de blanqueo, junto al resto de líderes de otras ramas en Alicante, Valencia, Barcelona y Galicia para llevar a cabo el tráfico ilícito de drogas.
Con este objetivo, según la tesis de Calama, ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, una estructura de sociedades mercantiles, situando al frente de las mismas a varias personas con diferentes cometidos y grados de responsabilidad: desde los supuestos testaferros hasta quienes asumían funciones gestoras, financieras, o inmobiliarias.
El juez ha observado la escasa capacidad económica de muchos de los supuestos testaferros. Algunos, con precarias condiciones laborales anteriores; otros residían en pisos o centros tutelados por la Comunidad de Madrid para personas sin recursos económicos, de acuerdo al auto.
La investigación ha detectado un negocio diversificado donde la principal actividad pivotaba en torno a empresas de compraventa de vehículos.
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En relación con el inspector jefe Francisco Javier Méndez Oliva, quien durante una década ostentó un puesto de mando en el ámbito de la investigación contra el tráfico de drogas en la provincia de Alicante, el instructor relata que sus contactos con Juan Andrés Cabeza han sido permanentes desde 2012 y que la organización se aprovechaba de este agente para recabar información y cobertura.
Según el auto, la investigación ha acreditado el blanqueo desarrollado por ambos en la adquisición y venta de vehículos Land Rover en operaciones gestionadas por el inspector en las que su esposa figuraba como titular de los vehículos comercializados.