El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha convocado a los afectados por la Ley de Costas agrupados en la plataforma Somos Mediterránea para una reunión el próximo 6 de julio en Madrid. Sin embargo, al encuentro no acudirá la ministra Teresa Ribera, que ha delegado en el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y en la directora general de Costa, Ana María Oroño. La última ministra se reunió con los afectados fue García Tejerina, del PP.
Entre otras cosas, desde Somos Mediterránea quieren debatir el Reglamento aprobado el año pasado con importantes cambios en la legislación del litoral español y que no aceptó ni una sola de sus alegaciones y va en contra de la legislación europea. Esta normativa de rango inferior modifica criterios para la definición del dominio público; anula el hecho y de derecho el régimen concesional; y siembra dudas sobre los deslindes.
El PP, en breves días en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, ha apoyado las reivindicaciones de los vecinos frente a la política de Costas y de Transición Ecológica del Gobierno central, en manos de PSOE-Podemos. De hecho, en Guardamar pese a que los socialistas han logrado el 28M mantener su mayoría absoluta local pese a la pérdida de los votos, el PP ha sido mucho más votado en el municipio en las autonómicas.
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El pasado 7 de febrero el Tribunal Supremo sentenció en contra de las viviendas concesionales de Playa Babilonia en Guardamar del Segura negando la prórroga de la concesión pese a dar la razón a los concesionarios en relación con sus derechos. Y puso el foco en los informes técnicos y ambientales.
Las dunas rodeando el pueblo de Guardamar antes de los trabajos del ingeniero Mira a principios del siglo XX.
Desde Somos Mediterránea ya preparan las apelaciones (son a título particular de cada vecino) de esa sentencia en el Tribunal Constitucional para que no devenga en firme y se proceda a la demolición de las históricas casas proyectadas por el ingeniero Mira cuya obra terminó con el problema de las dunas engullendo el municipio alicantino.
Manuel López, secretario de la asociación de vecinos y uno de los impulsores de Somos Mediterránea en el ámbito nacional para agrupar a los poblados marítimos tradicionales de toda España, asegura que llevarán su lucha hasta el Tribunal Europeo si hace falta. Y por eso, centrarán su alegación no como hasta ahora en los términos jurídicos de sus derechas, sino en esos criterios técnicos y ambientales a los que se refiere la sentencia del Supremo.