El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a catorce personas, la mayor parte ucranianos y letones, por formar parte de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento destinado a países con conflictos bélicos y al blanqueo de los fondos ilícitos obtenidos.
Todo ello a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Alicante y Barcelona con la finalidad de dar apariencia legal a la adquisición de patrimonio de empresas de transporte marítimo que fletan buques para trasladar material armamentístico.
En el auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el juez explica la operativa llevada a cabo por los investigados a través de una sociedad llamada LUMAR y sus diferentes sucursales dedicadas a fletar buques para trasladar material armamentístico con destino a países en procesos bélicos.
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Lo hacían sin la previa autorización de Naciones Unidas, violando así los embargos internacionales e introduciendo material militar, evitando los controles aduaneros y, por tanto, las sanciones que pudieran imponerse.
Según explica el juez en su resolución, los investigados desarrollaron esta operativa durante dos décadas y, en concreto, dos de los máximos responsables, Aleksejs Dircenko, como presidente del Grupo Naviero Lumar, y Viktor Murenko, como director, en unión a terceros investigados, “habrían asentado una estructura económica que introduciría activos y capital de procedencia parcial o totalmente ilícita en el sistema financiero español”.
El instructor acuerda la tramitación de estas diligencias previas por delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales previsto en los artículos 301.1.2.4 y 5, 302 y 303 del Código Penal, siendo el delito precedente la actividad ilícita de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso.
La resolución da traslado al Ministerio Fiscal para que en un plazo de diez días solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien solicite el sobreseimiento de la causa.
Venta de droga
Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a 17 personas en diversas poblaciones de la provincia de Castellón por formar parte de una organización criminal dedicada a la venta de drogas y que utilizaba a menores para la distribución a consumidores.
La organización criminal estaba asentada en la provincia de Castellón, principalmente en las localidades de Oropesa del Mar, Castelló y Vila-real, informa la Guardia Civil. La investigación se inició cuando el Ayuntamiento de Oropesa del Mar y la Policía Local recibieron quejas vecinales por el asentamiento de varios puntos de venta en la localidad, que traía como consecuencia la llegada de consumidores y el aumento de los delitos relacionados con estos focos delictivos.