El pasado 12 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras el pleno del Consell en Orihuela anunció la unanimidad institucional en los tres niveles de la administración valenciana -autonómico-provincial y local- a la hora de la defensa de los intereses de la Comunidad. Y en concreto, se refirió al déficit hídrico que afecta al sur de la provincia de Alicante. pero, ¿en qué se traduce?
Mazón añadió que "la Generalitat está ultimando su estrategia jurídica en defensa del agua y que por primera vez la Generalitat une sus fuerzas con la Diputación de Alicante, ayuntamientos y regantes". Pero sin llegar a desarrollarla.
Poco a poco, se van desvelando algunos detalles de esa estrategia que comenzará con la demanda interpuesta ante el Tribunal Supremo contra los caudales ecológicos del tajo aprobados en enero por el Gobierno de España tras varios defectos en el procedimiento.
A principios de mes, la Diputación de Alicante hizo un recurso de reposición después de que se rechazasen las medidas cautelares pedidas contra la aplicación de estos caudales. Y se justificó ante el Tribunal contencioso-administrativo que “vulnera la labor ponderadora que debe realizar el tribunal". Por tanto, ahora es el momento procesal para interponer la demanda en el Supremo, de las administraciones pero también de los regantes.
Pero es que además de esa demanda, ya se están preparando demandas particulares referentes a los recortes puntuales en el trasvase que se han producido en los meses de julio, agosto (y después vendrá la de septiembre).
En todos estos casos mientras que los criterios técnicos de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura apelaban a trasvases de 20 hectómetros cúbicos ya que los embalses de Entrepeñas y Buendía estaban en situación de nivel 3 (situación hidrológica excepcional), la ministra socialista en funciones, Teresa Ribera, discrecionalmente sólo ha autorizado trasvases de 15 hectómetros cúbicos.
A este hecho se une que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se está asignando un 0,8 hectómetro cúbico de esos 15 que le corresponden al Levante español al trasvase para el abastecimiento de la Cuenca Alta del Guadiana. Un hecho que desde los sindicatos de regantes consideran injusto ya no deben suponer una reducción en los volúmenes derivados para el abastecimiento de Alicante, Murcia y Almería.