Las concesiones sanitarias que ejercen en el ámbito asistencial desde la iniciativa público-privada gestionan plantillas con diferentes modalidades de contratos: desde los trabajadores "estatutarios" (funcionarios), a los conocidos como "laborales a extinguir" o los empleados con contrato laboral puro. Unas diferencias que a la hora acometer una nueva reversión al sistema público de salud valenciano dificultan mucho el proceso como ha ocurrido en los casos de Alzira (2018) o Torrevieja (2021).
Ya el gobierno autonómico anterior, de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos), intentó poner orden en la maraña contractual a través de la creación de una empresa pública que asumiese a todos los trabajadores sin plaza estatutaria y fracasó. Compromís y Podemos rechazaron de plano la creación de esta empresa y la entonces consellera de Sanidad, Ana Barceló (PSOE), tuvo que recular.
Por eso, aun reconociendo que la reversión de Alzira fue un fracaso, se siguió la misma hoja de ruta en Torrevieja sin dar una solución a cientos de trabajadores que habiendo trabajado para el sistema público de salud (aunque fuese gestionado por un grupo privado), no tienen los mismos derechos ni remuneraciones que los de otros hospitales del sistema.
Por eso, en los últimos años de gobierno de Puig, ya con Miguel Mínguez como conseller, las plantillas de ambos hospitales se han mostrado muy beligerantes con la administración autonómica exigiendo la negociación de convenios diferentes para los trabajadores "laborales a extinguir" en cada uno de los departamentos. Aún así, Mínguez no se sentó con los comités de presa para negociar. Y ahora le toca al PP poner una solución.
Las Cortes Valencianas han debatido por tercera vez la reversión de las concesiones de los departamentos de salud de Dénia (Alicante) y Manises (Valencia) tras la presentación de una moción por parte de Carlos Esteve, de Compromís. Y pese a lo 'vendido' por Compromís en sus redes sociales, que han afirmado que PP y Vox se han opuesto a las reversiones, lo cierto es que el conseller, Marciano Gómez, ha manifestado que el proceso sigue adelante pero que se están estudiando las posibilidades.
Gómez y el responsable de Sanidad del PP en las Cortes, José Juan Zaplana, han explicado que se va a hacer una auditoría de general de ambos departamentos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva asistencial, antes de tomar una decisión sobre la reversión del servicio o la concesión de una prórroga a las concesionarias.
Pero también, y paralelamente, que se va a estudiar el modo de integrar a ambas plantillas en el sistema público de salud valenciano sin los problemas que acarreó la reversión sin planificación del hospital de Torrevieja, para evitar problemas posteriores.
En este sentido, el propio conseller informó en las Cortes de que ya ha dado la orden de iniciar los pliegos para el mantenimiento de servicios para "tenerlo todo preparado" en caso de que la auditoría encargada concluya que debe seguir el procedimiento de reversión de los departamentos de Dénia y Manises. Servicios como logística, la seguridad, alimentación de pacientes, lavandería, mantenimiento de equipos e infraestructuras, gases medicinales o electricidad, que en el caso de las reversiones anteriores quedaron en el aire.