El exalcalde de Bigastro (Alicante) José Joaquín Moya y el exsecretario-interventor de la corporación Antonio Saseta han sido condenados por delitos de malversación y prevaricación administrativa por irregularidades en la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un nuevo sector urbanístico. Además de apropiarse un total 312.000 euros abonados por el promotor de ese plan como agente urbanizador entre los años 2005 y 2006.

El Tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha sentenciado al exregidor a cuatro años, seis meses y un día de cárcel y 11 años, 3 meses y un día de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos.

Así, ha sido condenado a otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa. Por su parte, para el exsecretario-interventor se han impuesto dos años de prisión y cinco años de inhabilitación el delito de malversación, y otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.

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La sentencia, que no es firme y podrá ser recurrida, también ha considerado que José Joaquín Moya deberá pagar al Ayuntamiento de Bigastro una indemnización que asciende a 162.000 euros, y conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.00 euros. 

Condenados dos hermanos

Por otro lado, la Audiencia de Alicante condenó a finales de año a un hombre y una mujer, ambos hermanos, a sendas penas de un año de cárcel por retener y golpear a la persona a la habían encargado el cuidado de dos viviendas que eran propiedad de los acusados.

La sentencia detalla que los dos procesados se conjuraron para retener a la víctima -un varón que había sido compañero sentimental de la acusada- en contra de su voluntad como represalia por la mala gestión que ambos le atribuían respecto al uso de sus viviendas.

Además, junto a él, los dos acusados también retuvieron a un segundo hombre, conocido de ambos, que se encontraba presente en el domicilio en el que transcurrieron los hechos, para que no pudiese dar aviso a la Policía y relatar lo sucedido, según Efe.

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