El pasado martes, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), presentó un ambicioso plan para construir 10.000 viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana, especialmente para familias y jóvenes, mediante la movilización de suelo público disponible y la colaboración público-privada.
Según explicó Mazón en la comparecencia junto a la presidenta de la FVMP, Rocío Cortes, este plan beneficiará a 24.600 personas, generará 7.326 millones de euros de inversión, tendrá un impacto del 2% de nuestro PIB y prevé la creación de 74.000 puestos de trabajo.
Además, la estrategia de vivienda del Consell de Mazón "se completará con los nuevos avales para jóvenes que está ultimando la conselleria de Economía y Hacienda" con los que se cubrirá hasta el 95% del precio de la vivienda. Todo ello después de que la "ineficaz" política de vivienda del Botánico que "dejase a muchos ciudadanos sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada, provocó incertidumbre e inseguridad jurídica".
[Prepárate para el verano: estos bungalós con piscina en Alicante buscan nuevo dueño desde 67.000€]
Fue entonces cuando el president detalló que el gobierno de Ximo Puig generó "un colapso del parque público y durante su mandato los precios del alquiler subieron en un 90,5% y el de compra en un 48%, acrecentando la desigualdad en el acceso a la vivienda". ¿A qué se debió ese colapso?
Los precedentes
La vivienda fue uno de los ejes fundamentales de la pasada campaña de las elecciones autonómicas. Apenas dos meses antes de los comicios y 8 años después de llegar al Palau de la Generalitat, el entonces presidente Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) anunció "la activación de un apoyo extra de 48 millones de euros para proteger el derecho a la vivienda mediante un incremento de la dotación económica para el alquiler joven y la puesta en marcha de nuevas medidas que compensarán a las familias con préstamos hipotecarios ante la subida de los tipos de interés".
Atrás quedaban años de inacción, pese a que desde el inicio de su primera legislatura Puig venía anunciado diferentes planes y una ley de vivienda. En 2016, por ejemplo, afirmó que Ley por la Función Social de la Vivienda era "una puerta que quiere abrir el derecho a la vivienda para los valencianos y las valencianas”. Puig destacó su preocupación por el hecho de que en la Comunitat Valenciana hubiese más de 500.000 viviendas desocupadas. Con esta ley, pretendía proporcionar "todos los instrumentos e incentivos posibles para que esas viviendas se conviertan en casas para personas con dificultades". La ley se publicó el 3 de febrero de 2017 en el BOE.
Luego, en 2021 anunció el Plan de Vivienda Protegida Pública 2021-2026, prometiendo una inversión por importe de 294 millones de euros para movilizar suelo público para promover un total de 2.457 viviendas protegidas en 18 municipios de la Comunitat Valenciana, que se destinarán a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.
De todo aquello, el Gobierno Botánico de Puig no logró ningún resultado. Así lo explica un informe firmado por Fernando Cos-Gayón López, director Cátedra Observatorio de la Vivienda Universitat Politècnica de València, que advierte de "la situación del acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana se encuentra en un momento especialmente crítico".
El informe
Según este informe, existe una situación en la que la oferta y la demanda está totalmente desequilibrada en viviendas para jóvenes, así como ciudadanos con rentas medias y bajas. Y una de las principales razones es "la inacción de las Administraciones Públicas sobre suelos públicos desde 2008 hasta nuestros días".
Otras son la escasez de suelo en zonas de alta demanda, la alta inflación pospandemia y guerra de Ucrania. "Además de estos factores, la demanda tiene sus propias circunstancias que hacen más complejo el análisis de su potencial comportamiento", continúa el informe.
Se trata de los salarios bajos, la escasa capacidad de ahorro (derivada fundamentalmente de las condiciones de entorno, esto es, bajos salarios, alta inflación y prolongada crisis), y la llegada a la Comunidad Valenciana de migrantes con bajos recursos.
También la atracción que ejerce la ciudad de Valencia para trabajar y vivir, la imagen de la Comunidad Valenciana como lugar seguro para ciudadanos
latinoamericanos, de cualquier estrato social, con servicios de alto nivel,
y con idioma y cultura que permiten la inmediata integración, por último, la región como destino de jubilación del norte de Europa.
En este sentido, el documento distingue entre las grandes ciudades y las medianas y pequeñas afirmando que en las primeras la "gran demanda insatisfecha, lo que provoca subidas de precio de vivienda de obra nueva, vivienda de segunda mano y alquiler, mientras que en el "resto ciudades Comunidad Valenciana, los altos costes de construcción y los salarios bajos condicionan la construcción de viviendas de obra nueva, que debería focalizarse hacia la vivienda protegida".
Es en este punto de inicio donde hay que circunscribir la nueva estrategia de vivienda de la Generalitat Valenciana con el gobierno de Mazón que quedó presentada esta semana.