Diputada autonómica, concejal del Ayuntamiento de Alicante, directora gerente del Instituto Pedro Herrero y ahora directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), dependiente de la vicepresidencia segunda de la Generalitat Valenciana, de Servicios Sociales e Igualdad. María José Rico es una de las voces veteranas de la política alicantina.

Ha vivido una extensa carrera política y de gestión, en cierto sentido, relacionada también con los servicios sociales, una de las grandes preocupaciones de la izquierda.

Sí, porque el Instituto de Familia Pedro Herrero de la Diputación de Alicante también se enfrenta con problemas sociales y de psiquiatría. Y sí, en las dos pasadas legislaturas la izquierda le dio mucha importancia al servicio de sociales. Pero una cosa es lo que propugna la izquierda y otra es la realidad. Y la realidad, cuando ya he llegado, ha sido muy diferente a lo que podíamos imaginar.

¿A qué se refiere?

Se ha gastado el dinero de un modo que no tiene sentido, como si el dinero cayera del cielo porque es público. Nos ha tocado hacer una reorganización de edificios públicos. La sede estaba hasta un mes estaba en La Alameda de Valencia, en la llamada La Cigüeña. Hemos tenido que hacer una reorganización y la vicepresidenta nos cedió al IVASS el palacio de Pineda, donde estaba la Conselleria. Con eso hemos podido ahorrar alquileres y ubicar a todo el personal del instituto autonómico en el mismo edificio.

¿Y los centros y pisos que tutelan?

El Botánico gastó sin control, sin límites. Tenían la política de abrir centros nuevos. Pero se trataba de medidas electoralistas porque cuando hemos llegado al IVASS me he tenido que enfrentar a una lista de alcaldes llamando a mi puerta diciendo "cómo va lo mío". No había una planificación de aperturas, no había una planificación económica abrir centros. Hay que entender que una residencia cuesta un millón y medio al año, y un centro de día o un centro ocupacional entre unos 400.000 o 500.000 euros.

"Se han hecho centros nuevos desatendiendo los centros viejos. No se han hecho inversiones en centros antiguos".

Se han hecho centros nuevos desatendiendo los centros viejos. No se han hecho inversiones en centros antiguos. La semana pasada fui a un centro del que salí a punto de llorar. Yo pienso si tuviera que llevar a una familia. Todo estaba roto, desde los ascensores a los baños. Tenemos que reparar el patrimonio, lo que no hicieron ellos, que son el paladín de los derechos sociales. Y luego ves que no es cierto, otro caso tenemos en Valencia ahora un edificio maravilloso en el barrio de Ruzafa junto al mercado, que vamos, ahí vamos a llevar el centro de daño cerebral adquirido, y quitamos el alquiler de donde está actualmente.

Pero adquirir nuevo patrimonio no está mal necesariamente.

Hay un edificio singular, que no es propiedad de la Generalitat Valenciana, es alquilado. Se pagaron más de 2 millones en la reforma de ese edificio y un alquiler de 17.000 euros al mes durante 30 años. Esa es una prueba de que han gastado muy mal porque había edificios para comprar y haberlo hecho en otras condiciones.

Exactamente a qué se dedica el IVASS

Tenemos más de 30 centros en la Comunidad Valenciana para pacientes de enfermedad mental discapacidad, centros ocupacionales y de día y residencias. Nosotros tutelamos a las personas que determina un juez, en términos excatos, la curatela sobre una persona que el juez otorga a la Generalitat Valenciana. Tenemos 4.500 tutelados en la Comunidad Valenciana que van a centros y a pisos públicos. Hay menos pisos tutelados hay más centros. Hay diferentes problemáticas: normal media, alta o muy grave. Y lo que hasta ahora se ha hecho con los muy graves era enviarlos a centros de fuera de la Comunidad Valenciana.

¿Pagamos para que otras comunidades se ocupen de ellos?

Cuestan unos 4.000-5.000 euros al mes. Pero el problema es que esas políticas suponen en primer lugar un desarraigo enorme a esas personas, porque las alejas de su familia, las alejas de su entorno. Y luego viene el gasto, esa política nos cuesta 5 millones de euros al año. Por eso nos hemos puesto a trabajar para acabar con esta política. No puede ser que tengas un problema y mirar para otro lado. Las administraciones estamos para trabajar y si hay casos difíciles, hay que resolverlo. Nuestro consiste en poco a poco, traer a esos casi 200 tutelados desarraigados de la Comunidad Valenciana.

"La colaboración público-privada es imprescindible para nosotros, porque eso lo que hace que pueda haber un movimiento. Vamos a hacer una revisión expedientes porque una persona evoluciona y si está mejor, a lo mejor puede irse a un centro y puede pasar una vivienda tutelada"

¿Y cómo lo van a hacer?

Buscando el consenso con el sector privado. La colaboración público-privada es imprescindible para nosotros, porque eso lo que hace que pueda haber un movimiento. Vamos a hacer una revisión expedientes porque una persona evoluciona y si está mejor, a lo mejor puede irse a un centro y puede pasar una vivienda tutelada. El sector privado que tiene plazas que se pueden ocupar por nuestros usuarios, les pagamos la plaza y ya está. No hace falta acumular más patrimonio inmobiliario. Y el sector privado lo está viendo bien después de años demonizados.

¿Buscan la flexibilidad?

Que haya un movimiento en los centros, una evolución de las personas. Una persona cuando mejora puede pasar a una vivienda, si luego empeora ya volverá otra vez al centro donde requiera una mayor protección. Pero esto no se ha contemplado por parte de la izquierda, ellos que dicen que son el paradigma de los Servicios Sociales.

Mazón nombró a Bartolomé Pérez Galvez, otro alicantino, para dirigir la Oficina de Salud Mental de la Generalitat.



Cuando hablas de enfermedad mental, discapacitados y tutelados se trata de problemas muy duros y muy serios. Y nosotros no somos médicos. Por eso hay que ir de la mano de Sanidad. Nos hemos reunido varias veces ayer la última precisamente y hemos acordado que tiene que haber un seguimiento también con Sanidad, porque cuando a una persona hay que estabilizarla no podemos hacerlo nosotros. Luego puede volver al centro y allí seguir su tratamiento habitual. Con Bartolomé estamos trabajando de un modo muy fluido.

Cuando Mazón era presidente de la Diputación denunció que las competencias en Salud Mental eran impropias, eran de la Generalitat. E incluso negoció con Mónica Oltra el paulatino traspaso de competencias.

El Pedro Herrero tiene su campo propio. Yo veo que puede ser paralelo al nuestro por lo que no creo que tengamos necesariamente que asumirlo. No tengo conocimiento de que haya negociaciones para que asumamos ni el Pedro Herrero ni el Doctor Esquerdo. Además, la Diputación tiene muchos programas europeos.

"Queremos que vuelva el número máximo posible de tutelados a la Comunidad Valenciana y avanzar en todos los programas, porque el objetivo último de todas las políticas es lograr la integración de las personas con discapacidad"

¿Cuáles son los retos?

Queremos que vuelva el número máximo posible de tutelados a la Comunidad Valenciana y avanzar en todos los programas, porque el objetivo último de todas las políticas es lograr la integración de las personas con discapacidad. Además, con las tutelas se constituyó en su día la Comisión Valenciana de Tutelas que no ha vuelto a reunirse. Hace falta acuerdos con notarios, fiscales y jueces porque esta es una labor conjunta de muchos actores.

¿están preparando algún tipo de normativa para cambiar la legislación?

Quiero hacerlo. Sí quiero hacerlo cambiar la legislación y adaptarla a las necesidades de hoy en día. Estamos estudiando otros modelos que funcionan como el de Cataluña o Madrid. Hay que copiar lo que funciona y tenemos que tener a nuestro lado al mayor número posible de sectores de la sociedad.

¿Tiene razón la izquierda cuando habla de que han bajado los presupuestos en Servicios Sociales?

No hay más que ver las cuentas las cifras. Yo tengo 70 millones de presupuesto, ellos una cantidad similar. Lo que hemos hecho nosotros hemos llegado es ahorrar dinero en lo que no son las personas porque queremos invertir lo máximo posible en el beneficio de las personas. Tengo dos centros en Valencia en Bétera, dos centros enfermos mentales graves, que están convocando una manifestación porque no hay aire acondicionado. Pero es que nunca ha habido aire acondicionado en las habitaciones y ahora me lo reclaman a mí. En esos centros la izquierda no hizo nada, son centros que permanecen enriquecimiento injusto desde 2017. Fíjate si han pasado años que podían haber sacado a licitación, el contrato, podían haber hecho reformas. No han hecho nada absolutamente nada.

¿Buscan financiación europea para sus proyectos?

Estamos desarrollando proyectos europeos. Nos hemos adherido a la declaración de Venecia donde fui con la vicepresidenta el pasado marzo donde ella asumió la vicepresidenta de esa red. Hay muchos países que quieren conocer las políticas que estamos haciendo. El último es México. Tenemos estudiantes de Rotterdam que vienen aquí a nuestros centros a aprender. Siempre me ha gustado mucho trabajar el plano internacional.