Un total de 110 personas han sido detenidas en una gran operación contra la inmigración ilegal con apertura de expedientes en Oficinas de Extranjería de Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, A Coruña y Navarra. Los arrestados se enriquecían a costa de la necesidad de extranjeros de regularizar su situación con contratos de trabajos falsos que vendían por valor de entre 1.000 y 6.000 euros.
La Policía Nacional finaliza desarticula la organización criminal tras dos años de investigaciones en las que descubrieron que los sospechosos habían obtenido ganancias cercanas al millón de euros. Los hechos los llevaban a término mediante la confección de falsos contratos de trabajo a cambio de elevadas sumas de dinero que exigían a los extranjeros implicados. Posteriormente, con los documentos ficticios, los inmigrantes solicitaban la autorización de residencia y conseguían regularizar su situación.
Todo empezó con la denuncia de un argelino, quién alertó de que un supuesto empresario le había hecho un contrato falso y le había dado de alta en la Seguridad Social por 3.500 euros.
Al hilo de esta primera denuncia se localizaron, al menos, otras cuatro víctimas más, oriundas igualmente del país argelino, que del mismo modo habían pagado por contratos ficticios con diferentes empresas.
El cabecilla de la trama, un hombre español de 74 años, lideraba una organización conformada por personas de Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladés y Polonia.
Siguiendo las pistas, se pudo dar con el presunto cabecilla del entramado criminal y se comprobó que actuaba en connivencia con los administradores de varias empresas. La investigación por parte de la Policía Nacional conllevó al análisis de más de 150 expedientes en los que se emplearon contratos con hasta ocho diferentes empresas relacionadas con la organización, solicitándose la apertura de dichos expedientes en diversas Oficinas de Extranjería repartidas por diversas provincias del país.
La indagación reveló que los emplazamientos que se indicaban en los contratos eran inexistentes, pertenecían a locales abandonados, negocios cerrados, descampados, urbanizaciones privadas o bien bloques de pisos residenciales sin actividad económica, todo ello "evidenciaba claramente la ilicitud de las contrataciones", señalan.
"Las cifras hablan por sí mismas en cuanto a la envergadura de la investigación, en la que se han realizado un total de 110 detenciones, 83 varones y 27 mujeres, entre los delitos cometidos se encuentran; el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (concretamente el de facilitación de la inmigración irregular), falsedad documental, estafa, fraude a la seguridad social e incluso delito contra la seguridad vial", explica el cuerpo. Todo lo actuado se puso en conocimiento del Juzgados de Instrucción de Alicante.