Alicante debatirá pedir la paralización de la reforma de la Ebau para asegurar "la igualdad de oportunidades"

Alicante debatirá en el próximo Pleno la posibilidad de pedir al Gobierno la paralización de la reforma de la Prueba de Acceso a la Universidad al tener previsto el Grupo Popular presentar una Declaración Institucional en este sentido para asegurar la igualdad de oportunidades a los estudiantes alicantinos.

En este escrito los populares instan al Gobierno a paralizar la implementación del nuevo Real Decreto de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) "hasta que se logre un consenso mayoritario con las comunidades autónomas para garantizar una EBAU más justa y equitativa, mediante el establecimiento de unos criterios homogéneos en todo el territorio nacional, que asegure la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes españoles, respetando las especificidades autonómicas pero garantizando una evaluación justa y coherente".

En la misma línea solicita que implemente "medidas claras y detalladas sobre los criterios de corrección y penalización en la EBAU, asegurando transparencia y equidad en la evaluación de los estudiantes, con especial atención a las necesidades y particularidades de los estudiantes alicantinos".

[Así es Víctor Mula, el alumno con la mejor nota de la PAU en Alicante: "Hay que saber compaginar ocio y estudios"]

"No necesitamos una EBAU más dura ni más sencilla, sino más justa, que garantice la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes españoles, y en particular, para los estudiantes de Alicante, quienes enfrentan dificultades particulares que merecen ser abordadas", recoge el escrito.

En la Declaración Institucional recuerdan que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en los acuerdos de la Declaración de Córdoba del 9 de marzo de 2024, acordaron que la EBAU de 2025 se celebre "con criterios homogéneos tanto en aspectos formales (calendario, fechas de publicación de las notas, duración de los exámenes, criterios de corrección) como en la exigencia en los contenidos comunes y obligatorios, respetando siempre la autonomía universitaria". "Esto beneficiaría a los estudiantes de Alicante, proporcionando una base más equitativa para competir por plazas universitarias en todo el país", añade el escrito.

Libertad de expresión

Por otra parte, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante tiene previsto presentar otra Declaración Institucional en el próximo Pleno en la que insta al Gobierno "a respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de los medios de comunicación a informar, garantizando un entorno libre de intimidaciones y descalificaciones hacia los periodistas y medios críticos". Y le exige que "se abstenga de utilizar discursos intimidatorios y descalificadores contra los medios de comunicación y los periodistas, y que promueva un diálogo constructivo y respetuoso con todas las entidades mediáticas".

En esta declaración se recoge la moción que ha presentado el PP en el Senado en defensa de la libertad de expresión y el derecho de los medios de comunicación a informar. Dicha moción surge como "respuesta a las frecuentes descalificaciones vertidas por el Gobierno y a los tics autoritarios del presidente Pedro Sánchez contra periodistas y medios de comunicación que se limitan a publicar las actuaciones del presidente y de su entorno". La moción fue defendida por los senadores Carlos Yécora y Antonio Silván.

Tal y como señala el documento que se presentará al Pleno, el artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. "En lugar de dar explicaciones sobre los casos de corrupción que le afectan directamente, Sánchez ha optado por una estrategia de victimismo y descalificación sistemática de los medios que publican noticias u opiniones desfavorables para él o sus intereses, aspecto que resulta más incriminatorio que exculpatorio", lamentan.

Yécora denunció que los ataques a la Prensa por parte de Sánchez se han intensificado en los últimos meses debido a las investigaciones judiciales y las informaciones publicadas sobre graves casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez. Según Yécora, "lejos de disimular, el presidente Sánchez ha llevado a cabo una escalada verbal cada vez más agresiva e intimidatoria, llegando a definir a medios digitales totalmente legítimos y consolidados como ‘pseudo medios’".