Las 53 asociaciones adheridas al movimiento cívico Somos Mediterrania, en su mayoría de la Comunitat Valenciana, avala en términos generales la nueva Ley Valenciana de Costas, cuyo proceso de exposición pública finalizaba ayer.

Entre otras cosas, explica su secretario, Manuel López, valora positivamente el hecho de que la Generalitat pueda informar (y acudir al contencioso si procede) en expedientes de deslindes tramitados por el Estado que no cuenten con las garantías técnicas y jurídicas apropiadas. Y por eso pide consenso para su aprobación, ya que recoge buena parte de sus demandas.

Desde la asociación ya han presentado propuestas para mejorar la nueva normativa y consideran que se asemeja al modelo de la ley gallega, "de la cual el Tribunal Constitucional ha avalado recientemente gran parte" porque "pretende la protección, ordenación y gestión integrada del litoral de la Comunitat Valenciana, así como una mayor implicación de la administración autonómica en la protección de su patrimonio litoral. 

Entre estas propuestas, quieren que se incluya en la ley la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en el control de ejecución de las acciones del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y la posibilidad de que la administración autonómica proponga acciones correctivas en defensa de su litoral.

Somos Mediterrania ha convocado para el próximo 20 de julio cadenas humanas en todas las playas donde ya trabaja con las distintas asociaciones locales para resaltar "la necesidad de protección del litoral". 

Reclaman más dinero (procedente de los Fondos Next Generation) para esta protección y consideran que el MITECO "tiene un presupuesto totalmente inadaptado para este desafío. Esta puede ser la razón por la que, desde hace años, han concentrado sus esfuerzos en algo que no costaba gran cosa: los deslindes y la ampliación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), cuya superficie ha sido multiplicada por 12 en los últimos años".

La normativa

Una vez que se ha conseguido que el Supremo tumbe el Reglamento de Costas (por un defecto de forma, no permitir la participación ciudadana) por el que el Gobierno pretendía modificar la ley nacional sin pasar por el preceptivo procedimiento, desde Somos Mediterrania están haciendo un seguimiento para que no se intente tramitar de nuevo sin que haya consenso.

Entre tanto, exigen una nueva ley que proteja "los conjuntos urbanos que existan con carácter previo a su inclusión en el DPMT, que estén integrados en ese entorno paisajístico costero, y que dispongan de valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados".

Respecto a la nueva normativa valenciana, desde la asociación en defensa del litoral recuerdan que la Unión Europea ha pedido que "las autoridades españolas que velen por que ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre su fundamento jurídico en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad". Y solicitan que sea tenida en cuenta esta resolución.

Así, les instó a "que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.

Además, quieren que Somos Mediterrania sea tenida en cuenta en la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Territorio, así como la mención expresa de "la obligación administrativa de conservación del patrimonio litoral autonómico que viene a constituirse, en un contexto bidireccional entre derechos/obligaciones de Administración/administrado".

Núcleos históricos

 Otra de las propuestas por las que viene luchando la asociación es la de que se recoja que "los núcleos urbanos catalogados por la Administración del Estado como núcleos urbano con especiales valores etnológicos o de especial protección" sean "excluidos del DPMT mediante la práctica de las actuaciones necesarias". Y que se paralicen "las órdenes de derribo o deslindes en curso sobre las viviendas hasta la resolución de sus expedientes