La Justicia francesa aplazó este miércoles hasta el 18 de septiembre su decisión sobre la entrega a España de los exdirigentes etarras Soledad Iparraguirre, 'Anboto', y Antonio Olarra Guridi para ser juzgados por el atentado mortal con un coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002 en el que murieron asesinados un hombre y la hija de seis años de un agente.

El presidente de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París no dio ninguna explicación por el retraso en su dictamen sobre las euroórdenes contra Iparraguirre y Olarra Guridi, que habían sido objeto de una audiencia el pasado 19 de junio. La Fiscalía francesa se ha pronunciado en favor de dar luz verde a esas euroórdenes, mientras que los interesados las rechazan, según informa Efe.

La Audiencia Nacional de Madrid los reclama para juzgarlos por su responsabilidad como miembros de la cúpula dirigente de ETA en el momento de los hechos, no como autores materiales del atentado del 4 de agosto de 2002 en el que murieron un hombre que se encontraba en las proximidades de la casa cuartel de Santa Pola cuando estalló un coche bomba y la hija de seis años de un agente de la Guardia Civil. El Tribunal de Apelación de París ya aplazó hasta junio una audiencia por este caso el pasado 17 de abril. 

Por eso ya fueron sentenciados en 2012 los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi a un total de 843 años de prisión. 'Anboto' y Olarra Guridi están imputados en esta causa por los delitos de asesinatos terroristas, tentativas de asesinato y estragos terroristas.

Las penas máximas a las que se exponen en caso de que sean juzgados y condenados son de 30 años de cárcel por cada uno de los dos asesinatos, 20 por cada uno de los 55 heridos y 20 años por los estragos terroristas.

Como ambos fueron capturados en Francia, en aplicación del llamado principio de especialidad, España debe solicitar una autorización de entrega cada vez que los quiere sentar en el banquillo por una nueva causa.

Iparraguirre Guenechea ha sido ya condenada en España a cientos de años de cárcel por diversos hechos, que se suman a las seis condenas que se le han impuesto en Francia, la mayor a 20 años de prisión