Este viernes 12 de julio estaba programado el desahucio de Luis Alberto, un hombre de 66 años con un 55% de discapacidad en Pasaje Arcipreste de Hita (Juan XXIII). El desalojo ha sido aplazado hasta nuevo aviso gracias a la movilización de los vecinos, que veían esta acción como un atentado a los derechos básicos, sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de una persona vulnerable.

Luis Alberto, vive sólo, ya que es de origen colombiano y no tiene familia en España, y está operado con una prótesis de cadera, con teleasistencia aprobada debido a su debilitada salud y con certificado de vulnerabilidad actualizado, aseguran desde el Sindicat de Barri de Carolines, organización que ha luchado por que siga teniendo un techo. 

Con esta difícil situación, hace 2 años malvivía en un trastero lleno de humedades e incomodidades que le hacían "imposible vivir en unas condiciones salubres", señala la agrupación. Así, decidió okupar una casa de un banco que "estaba en muy malas condiciones".

Javi, portavoz del sindicato, señala que ha sido suspendido a falta de un día gracias a la presión ejercida, porque hemos apoyado a la abogada presentando los recursos para que los jueces lo aplacen según la ley. En la mayoría de casos no se paran, pero se ha dado la suerte que se ha podido conseguir. El objetivo es organizarse en favor de las personas vulnerables".

Sin embargo, denuncian esta respuesta tan tardía de anunciarlo por la vía judicial el día antes o al momento que se va a realizar. El portavoz asegura que "es una práctica que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y es algo a denunciar porque es una gran carga psicológica para las personas afectadas, que están semanas sabiendo que las van a echar y no tienen a donde ir. Es una forma de violencia porque es posible pararlo antes y no lo hacen porque no les da la gana, afectando así a personas solo que quieren sobrevivir".

Ahora mismo, Luis Alberto sólo recibe una baja pensión con la que tan solo puede permitirse los gastos básicos, "por lo que le es imposible acceder a algún tipo de alternativa habitacional", añade la organización.

En el año 2023 recibió la notificación de demanda de Coliseum Real Estate S.L para que abandone el piso por lo que intentó negociar un alquiler social sin ningún éxito, ya que "ellos siempre le negaron esa posibilidad", sostienen. Posteriormente recibió la noticia de que la propiedad había sido vendida a Divarian (Cerberus) proveniente del BBVA.

Retraso del desahucio de Soria

Este movimiento ha repetido el éxito obtenido el pasado 3 de julio en el barrio alicantino de Colonia Requena, donde estaba previsto que se desalojara a Soria Oukil, a su hijo Khaled, de 6 años, con un 95 % de discapacidad y una movilidad reducida del 83 %, y a su marido.

Finalmente, armados con carteles, pancartas y mensajes de apoyo hacia los afectados, las decenas de asistentes consiguieron que procurador y propietario renegociaran el trámite hasta que hallarán otra alternativa habitacional en 20 días.