La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a través de la dirección general de Energía y Minas, ha autorizado la construcción de un total de 23 plantas solares fotovoltaicas, que aportarán al sistema eléctrico valenciano un total de 738 megavatios (MW).

Estos proyectos, tal y como ha explicado la consellera de Innovación, Nuria Montes, “contaban con unos permisos de acceso y conexión que caducaban el 25 de julio y estaban atascados en la tramitación administrativa, en un número importante de casos, desde hacía años. Por eso ha habido que hacer un tremendo esfuerzo proyecto por proyecto para sacarlos adelante”.

La titular de Industria ha puesto en valor el “enorme esfuerzo” realizado por el personal de la dirección general de Energía y los servicios territoriales para lograr tramitar a tiempo las autorizaciones de construcción cuyo plazo máximo, establecido por la legislación estatal (RDL 23/2020), vencía el 25 de julio de 2024.

En este sentido, ha subrayado que más de 984 MW de potencia eléctrica ha sido autorizada en apenas un año del Consell de Carlos Mazón frente a los 105MW que el gobierno del Botànic puso en marcha en los últimos ocho años. En la actualidad, en Comunitat Valenciana hay (según datos de REE) un total de 469MW instalados en total, a los que se sumarán los que se acaban de aprobar.

Para Nuria Montes, “no se entiende la Comunitat Valenciana sin la energía solar y estamos poniendo todos los esfuerzos en agilizar procesos que nos permitan aprovechar al máximo esta oportunidad”.

En palabras de Montes, el Decreto ley 14/2020, medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables aprobado por el anterior Gobierno, ha resultado ser “claramente insuficiente” y ha generado “retrasos y barreras injustificadas que nos han llevado a estar en la cola en energías renovables poniendo en riesgo a las empresas promotoras de energías renovables, que han depositado garantías económicas en importantes sumas y han invertido multitud de recursos”.

“Tenemos el recurso y la tecnología para poder transformar el ecosistema valenciano, y así liderar la transición energética” ha recalcado la consellera, quien ha se referido al recién aprobado Decreto Ley de Simplificación como el marco jurídico “necesario y adecuado para para alcanzar una transición energética justa y fiable, garantizando la protección del territorio y medio ambiente de la mano de los Ayuntamientos”.

Electricidad para  550.000 hogares

Las instalaciones autorizadas el último año tendrán una capacidad de generación eléctrica cercana a 1.970 gigavatios hora (GWh), con lo se podrá abastecer el consumo eléctrico de cerca de 554.000 hogares (de acuerdo con el informe del IDAE sobre Consumos del Sector Residencial de España), de forma totalmente limpia y renovable, aprovechando un recurso autóctono y abundante en nuestro territorio, como es la energía solar.

Además, al utilizar una fuente totalmente respetuosa con el medio ambiente para la generación eléctrica evitará la emisión a la atmósfera de 828.000 toneladas de CO2, es decir el equivalente a plantar 9,8 millones de árboles.

La consellera ha hecho hincapié en la contribución de la fotovoltaica a la “economía local, la reindustrialización, la descarbonización de la economía y la transición energética” y ha subrayado las “excelentes” condiciones climáticas de la Comunitat Valenciana que favorecen la viabilidad de los proyectos fotovoltaicos por la alta radiación solar del territorio valenciano, lo que permite una mayor eficiencia en la producción energética “y la propia rigurosidad de las administraciones públicas para la autorización de dichos proyectos”.

Además, ha recordado que la Comunitat cuenta con un importante tejido empresarial asociado a las energías renovables (fabricantes, ingenierías, etc.) con “una más que demostrada capacidad de generar riqueza y empleo de calidad”.

La renovables, en su opinión, fomentan la independencia energética de la Comunitat, aportando seguridad de suministro eléctrico y precios bajos, lo que mejora la competitividad en el tejido empresarial valenciano, “que ha venido sufriendo las consecuencias de crisis de los precios energéticos derivada de la guerra de Ucrania”.