Que la situación es tensa en Aspe se puede comprobar paseando por sus calles. Al principio, nada se sale de lo común, hasta que se habla con los vecinos sobre la mafia de la droga que tiene a este pueblo de la provincia de Alicante atemorizado.

Es mencionar el nombre El Chato, el apodo de Ángel, el presunto cabecilla de la organización criminal que habita en el pueblo, y los vecinos tuercen el gesto. Es el caso de dos vecinas del municipio y otra mujer, que tensan su rostro al ser preguntadas por la situación que atraviesa la localidad mientras toman algo en la plaza del Ayuntamiento.

"Yo no quiero salir en ninguna parte por si acaso", avisa una de ellas, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Lo mismo hacen las otras dos mujeres, por miedo a sufrir represalias de alguno de sus miembros.

La situación está caliente en Aspe tres días después de que quemaran intencionadamente el vehículo del concejal de Seguridad. De manera similar, en julio, la furgoneta del padre del alcalde quedó completamente calcinada por intentar enfrentarse a los traficantes de cocaína.

"El pueblo está sometido por la mafia", lamenta una de las vecinas, quien recuerda que todo el mundo sabe lo que está pasando, pero que callan por miedo a ataques y extorsiones.

"Una chica que publicó un anuncio en el que se indicaba la fecha y el lugar de una manifestación contra la mafia sufrió persecuciones y acoso; incluso la sacaron de la carretera con el coche", menciona la misma vecina. Habla de una concentración multitudinaria convocada en julio para echar a los traficantes de Aspe, que no ha tenido más que un resultado simbólico y de unión.

Además, recuerda que el hijo de una conocida tuvo que mudarse a otro municipio porque le pedían 10.000 euros para poder salir de la organización. La extorsión y las amenazas son dos de los métodos favoritos de esta mafia, que como tercera vía para conseguir sus objetivos recurre a la violencia.

Jóvenes traficantes

La organización está formada por jóvenes del pueblo que se dedican a la venta de cocaína y que obedecen las órdenes de El Chato. "Se aprovechan de los adolescentes porque son más lanzados", comenta otra de las amigas. Sin embargo, cuando intentan salir del consumo o del tráfico de drogas, los amenazan para impedirles que abandonen la banda.

Los causantes de este mal, que está haciendo imposible la vida de muchas familias que tienen a sus hijos metidos en la droga, son vecinos del pueblo. "Nos conocemos entre todos, todo el mundo sabe quiénes son los que trabajan para él", añade momentos antes de que pase un hombre al que identifican como uno de los miembros de la mafia.

Los traficantes se desplazan en bicicleta, patinete o andando y están esparcidos por las calles, pero ya no pasan desapercibidos. La contraparte de esta situación es que "quien quiera comprar droga, sabe a quién acudir", señalan. Y es que mucho del mal que está sufriendo Aspe está financiado por algunos vecinos que recurren a esta organización para conseguir cocaína.

Otras dos mujeres que caminan unas calles más abajo comparten la preocupación de las primeras. "Nosotras fuimos a la manifestación porque el que no tiene hijos tiene nietos, y da miedo", sostiene una de ellas.

"A las personas que fueron les decían que tuvieran cuidado, que conocían a sus madres o a su familia", prosigue la mujer. Ambas están profundamente consternadas por el giro que ha dado un pueblo que "era muy tranquilo, nos conocemos entre todos. Aquí se acoge a todo el mundo, ya sea refugiado o alguna persona que necesite ayuda".

Refuerzos contra la mafia

La escalada de violencia comenzó cuando se cerró la gallera El Chato, un local donde se organizaban peleas de gallos y donde se intervinieron armas de fuego y dinero de apuestas.

Desde ese momento, las amenazas de muerte y los actos violentos se han disparado. Para frenar el problema de una vez, el alcalde, Antonio Puerto, ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Alicante que refuerce la seguridad en el municipio.

Puerto confirmó a este diario que aún no han recibido respuesta, pero que esperan que se atienda su petición porque "hay policías municipales y guardias civiles para cubrir un nivel normal de delincuencia, pero esto requiere de medidas específicas".

Fuentes de la Guardia Civil aseguran que es la Policía Judicial del cuerpo de Novelda quien está llevando a cabo las investigaciones sobre las quemas de los vehículos. Desde la comandancia provincial están pendientes de ser notificados por la Subdelegación del Gobierno sobre la demanda de más efectivos.

Una vez que se dé esta fase, el siguiente paso será mantener una reunión conjunta entre el Ayuntamiento de Aspe, la comandancia y el subdelegado del Gobierno para evaluar el riesgo en la localidad y decidir qué unidades se destinarán.