La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años de prisión a un hombre por apropiarse de más de 82.000 euros en beneficio propio de una empresa de Benidorm dedicada a la concesión de préstamos no hipotecarios, de la que era administrador único y en la que, además, llegó a ejercer como contable.

Después usó ese dinero para gastos personales: productos de telefonía de gama alta, restaurantes, instalación de aire acondicionado en su vivienda o una impresora, entre otros.

Los hechos tuvieron lugar entre octubre de 2016 y enero de 2019, cuando el propietario de la empresa, afincada en Benidorm, se percató de su proceder y acordó su despido.

La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Primera, considera probado que el encausado incurrió en un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de falsedad documental en el desempeño de sus funciones en la empresa, al aprovecharse de la confianza que su propietario había depositado en él, hasta el punto de concederle poderes sobre la contabilidad y las cuentas bancarias de la compañía.

Según el fallo, el procesado, de nacionalidad española, desvió fondos de la empresa de cuatro modos distintos. En primer lugar, promovió salidas de caja y préstamos simulando la concesión de créditos a clientes inexistentes que habrían contratado los servicios de la empresa, a través de internet.

En segundo término, el tribunal también considera demostrado que el acusado hizo un uso ilegítimo de la tarjeta de empresa de la que era titular para realizar gastos personales en ocio, artículos electrónicos, viajes, artículos de joyería, repostaje de gasolina, restaurantes y telefonía.

Además, realizó retiradas de dinero en efectivo de las cuentas de la empresa y hasta ordenó traspasos a su cuenta particular “simulando una transferencia a una proveedor” por cuantías de entre 1.000 y 1.500 euros. En su conjunto, con esas operaciones, llegó a detraer un total de 82.712,58 euros en fondos de la empresa.

El tribunal estima que el procesado “controlaba todo” y que tenía “poderes de representación de la empresa”, incluido el uso de claves bancarias, ya que el propietario de la compañía, un ciudadano de nacionalidad rusa, se encontraba en su país de origen, y la asesora jurídica tenía sus oficinas en Málaga.

De este modo, la sentencia señala que el encausado alteró los documentos contables de la compañía “con ánimo de ocultar y disfrazar los desplazamientos patrimoniales injustificados de la cuenta de la empresa para su beneficio personal”. Con ese proceder, costeó gastos personales como si fuesen gastos empresariales.

El procesado negó los hechos en el momento del juicio y aseguró que, en realidad, los posibles descuadres contables obedecían a la complejidad de las operaciones entre varios bancos que se vio forzado a realizar ante el incremento de clientes registrado en la compañía, que superaron los 300 al año. Sobre las transferencias a su cuenta personal, señaló que correspondían al pago de sus nóminas.

No obstante, el tribunal da por probado el delito atribuido tanto por la Fiscalía como por la acusación particular a través de la documentación contable aportada en el proceso y le impone la pena de seis años de prisión, además de la obligación de indemnizar al dueño de la mercantil con la cantidad detraída.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.