La Audiencia de Alicante ha juzgado este lunes 7 de octubre a un hombre al que se le piden provisionalmente ocho años de prisión por dos delitos de prostitución y uno de abuso sexual tras engañar a dos niñas de 10 y 13 años de edad.
La Fiscalía acusa al varón de engañar a las menores el 14 de abril de 2016 cuanto se las encontró caminando solas por una calle de Alicante y las convenció para que acudieran a un local prometiéndole juguetes.
El procesado les propuso ir a una asociación donde había juguetes y juegos. Una vez en el local les dijo que tenían que mantener relaciones sexuales con él y les ofreció dinero para ello.
Además, sometió a tocamientos en sus partes íntimas a una de las víctimas, hasta que ésta consiguió huir del lugar donde las había guiado el acusado.
Por otro lado, también se ha juzgado a un joven al que se le solicita una pena de prisión de 12 años y medio por un delito de agresión sexual por violar a una compañera de instituto.
La agresión ocurrió, según la acusación pública, el 5 de mayo de 2023 cuando procesado y víctima se citaron en un parque público de un municipio de la comarca del Vinalopó Mitjà y se sentaron en un banco.
El acusado comenzó a besar a la niña, de 13 años en ese momento, mientras le tocaba sus partes íntimas. Pese a la negativa de la víctima, que intentó apartarle varias veces, el hombre la forzó sexualmente.
Agresiones a menores
La provincia ha registrado un total de 920 infracciones de agresiones sexuales el pasado año, lo que equivale a un promedio superior a 2,5 infracciones sexuales por jornada. Pero lo más preocupante es el cambio de objetivo de estos delincuentes, que han centrado su mirilla en los menores y en las personas con discapacidad.
Los datos totales de infracciones sexuales del 2023 reflejan un incremento del 260 % respecto a los números de hace una década, según cifras del Ministerio de Interior. La alarmante tendencia, lejos de frenarse ha cogido velocidad y en el primer trimestre del 2024 este tipo de acciones contra la libertad sexual han crecido un 25 %.
Pero, sin duda, lo más llamativo es el desorbitado aumento de casos contra menores y personas con discapacidad, con 141 sucesos de corrupción. Si estas cifras parecen altas, el problema alcanza una nueva dimensión si se echa la vista atrás y se analiza cómo estaba la situación en la provincia hace una década. Esta categoría muestra un crecimiento drástico de más del 1.000 %, al pasar de solo 12 casos en 2014 a los 141 actuales.