La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía más preocupada por la okupación de viviendas y también es la segunda donde más personas conocen casos de okupas.
Así se desprende de una encuesta nacional publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios, realizada en mayo, donde se refleja que para el 39 % de los valencianos es un problema importante.
Alicante es uno de los principales focos de este fenómeno y donde estos delitos han creado una alarma social que, para la presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados, María Ramón Abarca, se entiende por el elevado número de casos.
La experta señala que, además de las altas cifras de entradas ilegales, la preocupación se debe a "la dificultad que supone después poder echar a los okupas", un proceso que, si no se actúa rápido, puede demorarse años.
"En Alicante, los casos principales que hay son casas de bancos, es decir, viviendas que se han ejecutado a sus propietarios por impago de hipotecas o por otros motivos", indica.
Pero el principal miedo de la población está en la otra parte de la okupación, aquella que afecta a viviendas de particulares y que supone una odisea para los propietarios.
Estos casos suelen darse en segundas residencias, chalets o casas de campo donde no se reside habitualmente, ya que "es bastante complicado que te okupen tu vivienda principal porque estás yendo y viniendo, a no ser que te hagan una investigación muy profunda y sepan que te has ido de vacaciones".
La abogada indica que, en cuanto a las zonas más afectadas, la Plaza de Toros destaca por tener bastante okupación. Si bien aclara que "puede pasar en cualquier lugar, tanto en pisos como en chalets. Es más fácil en los chalets porque hay menos vecinos que puedan darse cuenta de que la casa está siendo ocupada".
Consejos
Ante la alarma social que genera, la experta explica los principales pasos a tener en cuenta si se ha sufrido la okupación de un inmueble. Así, destaca que "lo más importante es actuar rápido, porque las primeras 48 horas son clave para poder iniciar el procedimiento".
Denunciar de inmediato es el mayor consejo que se puede aplicar, porque, aunque no hay un plazo establecido por ley, la jurisprudencia ha establecido un plazo de 48 horas como un periodo razonable.
La abogada hace hincapié en que existen dos tipos de delitos diferentes: por un lado, el allanamiento de morada y, por otro, la usurpación de un bien inmueble. En el allanamiento de morada, se entiende que la vivienda es donde se desarrolla la vida cotidiana, tanto si es la vivienda principal como si es una segunda residencia.
En cambio, la usurpación se aplica a viviendas que no constituyen morada, como casas de bancos o casas abandonadas. Es por ello por lo que "las penas por allanamiento de morada son más graves que las de usurpación", añade.
Técnicas de los okupas
"Lo que suelen hacer los okupas nada más entrar es pedir pizzas para tener un ticket con el que decir que esa es su morada. Otra técnica es contratar internet o incluso empadronarse en la vivienda y eso les ayuda a demostrar que es su domicilio", apunta.
Esas técnicas les facilitan las cosas cuando llega el momento de la intervención judicial, porque van poniendo trabas al propietario y ralentizando un proceso que, aproximadamente, puede demorarse dos años.
Este largo proceso es aún más dañino porque los okupas pueden vivir en la casa sin pagar nada mientras se resuelve el caso y "si dejas de pagar la luz y el agua de tu propia casa, podrías estar incurriendo en un delito de coacciones".
El delito de coacciones, por cortar luz o agua, es un delito leve, con una pena de multa de uno a tres meses, pero aun así deja antecedentes. "Esto es lo que le pasa a muchos propietarios que, por frustración, cortan los suministros, pensando que es una solución, pero en realidad se meten en más problemas", lamenta. También ocurre la misma circunstancia si se aprovecha cuando salen para cambiar la cerradura.
La frustración aumenta cuando se debe correr con todos los gastos sin poder hacer nada, y sabiendo que, en muchos casos, estas personas son insolventes, por lo que es muy difícil que se les pueda exigir responsabilidades económicas.
Para evitar que se llegue a este punto, "es muy importante que los propietarios de segundas residencias, por ejemplo, tengan cámaras o alarmas. También pueden avisar a sus vecinos para que estén atentos, porque es difícil estar constantemente vigilando si no vives en la propiedad. Un vecino que pase de vez en cuando puede evitar muchos problemas", aconseja Abarca.
Desokupación
Las empresas de desokupación están ganando peso en Alicante, aunque sus principales focos están en Madrid y Barcelona. Algunas de estas empresas se dedican a negociar con los okupas para que se vayan, pero también hay casos en los que entran a la fuerza. "Si finalmente se prueba que fuiste tú quien contrató a esta empresa para entrar a la fuerza, puedes estar cometiendo un delito", alerta la especialista.
Muchas personas recurren a este tipo de empresas tras la desesperación por los largos plazos que tienen que esperar, que se pueden alargar más ya que "en muchos casos, los okupas alegan vulnerabilidad social".
Así, los ayuntamientos pueden emitir informes de vulnerabilidad que retrasan el desalojo. Y en casos de familias con niños, se ponen más trabas, porque las autoridades son más reticentes a desalojar cuando hay menores de por medio.
El principal problema para Abarca es la desprotección del propietario. "Muchas veces prima más el ticket de una pizza que la escritura notarial. Eso deja claro que el propietario está en una situación de total indefensión", sentencia.