En 2023, el 29,6% de la población de la Comunitat Valenciana, equivalente a 1.542.985 personas, enfrenta un riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE). Esto representa un aumento de 2,1 puntos porcentuales y 139.061 individuos en comparación con el año anterior.
Estos datos son parte del XIV Informe elaborado por EAPN España y EAPN C.Valenciana (Red Europea de Lucha contra la Pobreza), que destaca que la Comunitat Valenciana ocupa el octavo lugar entre las comunidades autónomas con la mayor tasa AROPE, superando en 3,1 puntos la media nacional del 26,5%.
El aumento en la población con riesgo de AROPE se explica por el crecimiento en el indicador de privación material y social severa, que ha subido 1,2 puntos, así como por el incremento de 2 puntos en la tasa de pobreza. Esto se debe a que las rentas medias en la Comunitat Valenciana han crecido a un ritmo más lento.
Según la Agencia EFE, la Comunitat Valenciana sigue lejos del cumplimiento acordado por la Agenda 2030 -hasta la pandemia estaba en la senda de cumplimiento-, ya que para su logro debería haber registrado en 2023 cerca de 340.000 personas menos en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social, según las mismas fuentes.
Indicadores de pobreza
El indicador AROPE se mide teniendo en cuenta tres elementos: la Tasa de riesgo de pobreza, la Privación Material y Social Severa (PMSS) y la Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares (BITH).
La tasa de riesgo de pobreza en la Comunitat era en 2023 del 24,3 %, lo que se traduce en 1.266.526 personas con unos ingresos por unidad de consumo inferiores al umbral de pobreza, con un incremento de 2 puntos (el segundo mayor aumento regional y 4,1 puntos superior a la media) y cerca de 130.000 personas más.
Por lo que se refiere a la pobreza severa, personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 611 euros mensuales por unidad de consumo, en la Comunitat Valenciana es del 10,7 %, que supone 1,8 puntos más que en 2022, el segundo más alto de España (solo le supera Andalucía) y 2,4 puntos por encima de la media estatal.
En cuanto a la Privación Material y Social Severa, que muestra la imposibilidad de consumir algunos productos y/o servicios básicos, alcanza al 8,3 % de la población en la Comunitat, 424.323 personas, frente al 7,1 % y 360.678 personas de 2022. Es un aumento de 1,2 puntos, pero está por debajo de la media estatal (9 %).
En este apartado, el informe señala que el 38,8 % de la población en la Comunitat no puede afrontar gastos imprevistos; el 37 % no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; y el 22,8 % no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno.
Respecto al indicador BITH, referido a las personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los cuales se trabaja menos del 20 % de su potencial total de empleo, el informe señala que el 8,7 % de la población menor de 65 años, unas 364.000 personas en la Comunitat, vive en hogares con baja intensidad de empleo.
Supone un leve descenso de 0,4 puntos respecto a 2022, una reducción del 4,4 %, y es una tasa muy cercana al dato de media en España (solo 0,3 puntos por encima) y es la sexta región con el valor más elevado.
El papel de las Administraciones
El informe, presentado en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, señala que las transferencias del Estado en ayudas y prestaciones sociales han reducido el riesgo de exclusión en la Comunitat Valenciana.
La presidenta de la EAPN Comunitat Valenciana, Lola Fernández, ha explicado en un comunicado que sin esas ayudas estatales la situación de pobreza se ampliaría y alcanzaría "al 46,7 % de la población en la Comunitat Valenciana".
Si solo se incluyeran las pensiones de jubilación y supervivencia y no se realizase ninguna otra transferencia, la tasa de pobreza alcanzaría al 31,8 % de la población valenciana, lo que según Fernández evidencia que "con la inversión social necesaria" se puede reducir la pobreza.
La presidenta ha urgido a una Estrategia valenciana de lucha contra la pobreza y por la inclusión social que aborde los aspectos no sólo económicos, sino laborales, de acceso a la vivienda, los educativos, sociosanitarios y culturales, y ha reclamado un acuerdo en Les Corts Valencianes para reducir la pobreza hasta erradicarla.