Desde okupas que venden la llave de una vivienda que no es de su propiedad a otras personas hasta propietarios primerizos que ven allanada su propiedad mientras ellos ahorraban desde otra casa para poder hacer frente a las reformas. Estos son solo algunos de los casos que llegan al despacho de José Vicente Puchol, en Alicante.

El letrado, que pertenece a Sección de Propiedad Horizontal del Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI), explica a EL ESPAÑOL de Alicante algunas de las discrepancias más comunes entre inquilinos y propietarios.

Uno de los principales temas que lleva tanto a arrendador como a arrendatario al enfrentamiento es el contrato de alquiler. Según explican desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la duración será la que libremente pacten propietario e inquilino.

Para los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si el plazo pactado fuera inferior a cinco años, -cuando el arrendador sea persona física-, o a siete, -si fuera persona jurídica-, el contrato se prorrogará automáticamente hasta llegar a esos 5 o 7 años, por plazos anuales.

Sin embargo, hay algunas causas que permiten finalizar antes el contrato, como el impago de la renta o la necesidad justificada del arrendador de usar la vivienda para él o sus familiares, siempre que esté previsto en el contrato.

Miedo a la okupación

José Vicente Puchol explica que una de las principales causas de la falta de stock en el mercado de alquiler es el miedo a la okupación, lo que ha llevado a muchos propietarios a buscar fórmulas alternativas para sacar rendimiento a su vivienda, como los alquileres de temporada.

"La situación actual es complicada. Con las sucesivas suspensiones de desahucios debido a situaciones de vulnerabilidad, muchos propietarios han decidido no alquilar sus viviendas para evitar posibles complicaciones", afirma.

Y sigue: "Estos reales decretos permiten que un arrendatario pueda quedarse en la vivienda si demuestra vulnerabilidad económica, lo que ha hecho que muchos propietarios sientan una falta de seguridad jurídica".

El abogado explica que, aunque teóricamente el proceso por falta de pago debería ser ágil, en la práctica los tiempos se alargan considerablemente. 

Según sus observaciones, la duración de los procedimientos puede variar de seis meses a un año y medio, dependiendo de la situación específica. Además, comenta que algunos inquilinos conocen los procedimientos y, por lo tanto, logran alargar el proceso, lo que complica aún más la situación del propietario.

"En España reina la picaresca", afirma.

Puchol también menciona las complicaciones adicionales que pueden surgir en casos de vulnerabilidad. Relata un caso reciente en el que un propietario, un anciano de más de 90 años con una pensión de apenas 700 euros, se ve en una situación complicada debido a que el inquilino deja de pagar.

"Hay veces que la situación es sangrante", afirma.

Este tipo de situaciones, según Puchol, requiere ponderar los intereses de ambas partes y pueden complicarse aún más si el inquilino presenta vulnerabilidad económica y social.

Le preguntamos sobre los inquilinos que han dejado de pagar durante un período prolongado, Puchol explica que, aunque un propietario puede demandar a un inquilino por deudas significativas, si este es insolvente, las posibilidades de recuperar la cantidad adeudada son escasas. "Si el inquilino es insolvente, el propietario no cobra en la vida".

Además, menciona que a menudo hay inquilinos que aparentan tener una situación económica sólida, pero en realidad enfrentan problemas financieros.

Suben los desahucios

Puchol observa que hay un aumento en el número de casos, tanto de propietarios como de inquilinos en situaciones difíciles. Afirmando que muchos inquilinos, a pesar de tener trabajo, se ven obligados a recurrir a organizaciones de ayuda para cubrir sus necesidades básicas, lo que refleja la gravedad de la situación.

Finalmente, el abogado aconseja a los propietarios que realicen una correcta selección de inquilinos. Sostiene que es fundamental solicitar referencias, comprobar la situación económica de los inquilinos y asegurarse de que pueden cumplir con sus obligaciones. Además, recomienda tener un contrato claro y bien redactado que contemple posibles problemas futuros.