Empresas y aseguradoras están alarmadas ante un fenómeno que, aunque no es nuevo, está alcanzando niveles récord en España y causando importantes perjuicios económicos. Se trata de las 'bajaciones', es decir, extender una baja laboral más allá del tiempo necesario para la recuperación del trabajador con el fin de disfrutar de un descanso remunerado. Para combatir este fraude, muchas empresas recurren a detectives privados.
Desde la pandemia de la COVID-19, las bajas laborales han experimentado un notable aumento en España, alcanzando cifras récord año tras año. Hasta septiembre de este año se han registrado cerca de 470.000 casos.
El incremento más significativo se observa en las bajas motivadas por problemas de salud mental, que han aumentado en más de 320.000 casos entre 2016 y 2023, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Aunque las bajas relacionadas con trastornos mentales representan poco más del 7 % del total, suponen más del 16 % de los días de baja acumulados en el país. Los trastornos de salud mental son un problema social grave, pero desde el ámbito empresarial sospechan que algunas de estas bajas son simuladas en Atención Primaria con el objetivo de beneficiarse de las 'bajaciones.
El vicedecano del Colegio de Detectives de la Comunitat Valenciana y responsable de una agencia privada en Alicante, Hernán López, asegura que, además del incremento en los fraudes, "las empresas están más familiarizadas con nuestros servicios, ya que son el único recurso legal que tienen para proceder a un despido".
Según López, el cambio en la mentalidad empresarial se produjo hace aproximadamente cinco años. Desde entonces, las compañías que sospechan de posibles fraudes recurren a detectives para realizar un seguimiento del trabajador.
El experto explica que son frecuentes las bajas por estrés o ansiedad. Aunque estas patologías pueden ser más difíciles de demostrar, López subraya que "si el trabajador no está tomando medidas para su recuperación, nosotros lo documentamos y reflejamos en el informe".
El vicedecano señala que los motivos detrás de estos fraudes son diversos: desde prolongar vacaciones, aprovechar puentes o fiestas, hasta usar la baja como herramienta de presión en caso de conflictos laborales.
Sin embargo, las bajas más investigadas son aquellas relacionadas con dolencias específicas, tanto físicas como mentales. La investigación comienza recopilando toda la información posible sobre el empleado en Internet. A partir de ahí, se lleva a cabo un seguimiento para verificar si realmente está incapacitado para desempeñar su trabajo.
Seguimientos
El seguimiento es una tarea laboriosa que requiere una combinación de discreción y paciencia para reunir pruebas contundentes. El objetivo es captar al investigado en situaciones incompatibles con el motivo de su baja. Por ejemplo, si alguien está de baja por depresión y se le observa en un bar consumiendo alcohol, esto se incluye en el informe, ya que no contribuye a su recuperación.
Otro tipo de fraude podría implicar a trabajadores que, con bajas por dolores localizados, son detectados realizando actividades físicas intensas en un gimnasio, por ejemplo.
López recuerda un caso real en el que un hombre en silla de ruedas, supuestamente incapacitado por una lesión, fue sorprendido trabajando en la construcción "con total normalidad durante varios días para otra empresa. Solo utilizaba la silla de ruedas para acudir a revisiones médicas y al juicio".
El trabajo de los detectives puede ahorrar miles de euros a las empresas, no solo por los salarios pagados indebidamente, sino también al evitar despidos improcedentes. "Con las leyes actuales, que protegen más a los trabajadores ante sanciones o despidos, las empresas solo pueden acreditar una conducta irregular con pruebas legales obtenidas por detectives", explica López.
Así, resalta que las compañías que recurren a estos servicios ya tienen sospechas de peso para dudar de sus trabajadores, por lo que aciertan "en el 90 % de los casos".
El costo de contratar un detective privado varía en función del servicio y del cliente. Generalmente, se cobra por horas y, en casos de bajas laborales, los precios oscilan entre 200 y 1.500 euros. Mientras que en el ámbito familiar el coste depende del tipo de encargo.