El Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante ha dictado sentencia contra dos directivos y un trabajador de una empresa alicantina por delitos de estafa, falsedad documental y vulneración de la propiedad industrial, tras demostrarse que comercializaron azafrán etiquetado de forma fraudulenta como perteneciente a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Azafrán de La Mancha.
La resolución judicial impone a cada uno de los acusados una multa de 13 meses y 15 días, con una cuota diaria de 6 euros, además de obligarles a abonar, de forma solidaria, una indemnización de 2.500 euros a una empresa estadounidense que adquirió el producto bajo estas condiciones fraudulentas.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, relata que, en 2014, los condenados, a través de la mercantil Frucove S.L., comerciaron azafrán indebidamente identificado como "de La Mancha" aun teniendo "pleno conocimiento" de que el producto no estaba amparado por la Denominación de Origen.
Concretamente, vendieron a una mercantil estadounidense dos lotes con un total de 13 kilos de azafrán, acompañados de 6.500 etiquetas "confundibles" con la marca registrada de la DOP Azafrán de La Mancha, por lo que facturaron en total 30.670,83 euros.
Estos hechos fueron denunciados por la Fundación Consejo Regulador DOP Azafrán de La Mancha y, en un registro judicial llevado a cabo el 11 de diciembre de 2014, se halló otro rollo de 3.500 etiquetas fraudulentas.
En el juicio oral, los tres encausados reconocieron expresamente los hechos, y el magistrado ha decidido imponerles la multa e indemnización previamente mencionados.
No obstante, ha rechazado la indemnización de 21.036,33 euros reclamada por la Fundación, que alegaba un "menoscabo de la reputación" y un "deterioro de la imagen" de la DOP en el mercado.
Según el juez, la pretensión se fundó en "meras referencias y alusiones de tipo genérico", sin que se aportara una "justificación de la realidad de tal perjuicio".
En un comunicado, la presidenta del Consejo Regulador DOP Azafrán de La Mancha, Valentina Cabra Carrasco, ha celebrado que se haya conseguido "atajar un fraude para el consumidor" y salvaguardar "los esfuerzos invertidos por las envasadoras autorizadas, que cumplen con las exigentes condiciones que impone el pliego" de la Denominación de Origen.