Los tres muertos en una fábrica de embalajes plásticos en Ibi revive la tragedia de uno de los mayores accidentes laborales de la historia de España, el de la juguetera Mirafé hace más de medio siglo, que destapaba la explotación infantil en las fábricas. 

Estamos en 1968, en plena expansión de la industria en el país y donde el plástico se convierte en el oro líquido que impulsa el empleo en el interior de la provincia. Ibi estaba inmersa en una profunda transformación, duplicando su población en menos de una década.

La archivera María José Martínez explica que en ese periodo "los dueños de las fábricas iban a las paradas del autobús a reclutar trabajadores; era una demanda brutal".

Estos trabajadores llegaban a Alicante en masa huyendo de las míseras condiciones en el interior de la península y la dependencia de una agricultura con pocos réditos para el peón. Encontrar trabajo en estos pueblos que crecieron hasta ser pequeñas ciudades era una manera de asegurar el futuro.

Ese contexto es el que explica lo que pasó en Mirafé. Las instalaciones de esta juguetera ni siquiera eran las de una fábrica, denuncia Martínez. Aquella masía a las afueras del núcleo urbano se había acondicionado para producir junto con otras empresas un juguete muy popular en los setenta y principios de los ochenta.

Una pequeña y barata pistola simulaba los disparos gracias a incluir una muy pequeña carga de pólvora. La demanda de aquel juguete eran tan alta que en Ibi había mucho trabajo para producirla y, así, se estaba construyendo la que sería ya una verdadera fábrica donde poder fabricarla.

El 18 de agosto de 1968 a las ocho y media de la tarde, los trabajadores estaban a punto de cerrar la jornada. Había llegado el último envío de material del día: una furgoneta cargada del material fulminante necesario para la producción de la pólvora.

Un portazo al cerrar la furgoneta hizo de inesperado detonador y el material explotó. Las ondas del estallido del vehículo provocaron a su vez que se inflamara la pólvora que había en la masía. 

De los 60 trabajadores que tenía la empresa, murieron al momento casi la mitad de ellos; otros pocos más lo harían esa semana. En total, 33 fallecidos. Pero lo peor era lo que reflejaba la lista de víctimas.

Embarazadas y niños

Dos mujeres embarazadas murieron y otros cinco menores de catorce años, también. Martínez destaca el impacto que provocó en España ver en el periódico El Caso la fotografía de un niño desfigurado en el hospital lo que reflejaba las condiciones de explotación laboral que se consentían.

"Las leyes existían y prohibían en este tipo de fábricas que trabajaran mujeres embarazadas, que fueron dos de las víctimas, y también estaba prohibido el trabajo infantil", recalca Martínez.

La archivera valora el trabajo de la periodista Margarita Landi para denunciar la situación: "Si la ley está hecha, ¿por qué no se cumple?". En lo que sí actuó rápidamente el Estado fue en lo que Martínez considera una forma de silenciar la tragedia.

El 19 de agosto se hizo el funeral con cerca de treinta ataúdes. En ellos estaban repartidos los cuerpos de las víctimas, mezclados. La sospecha de lo que había dentro de ello no se confirmaría hasta décadas después cuando la parte del cementerio en la que estaban se hundió y al trasladar los féretros se abrieron para ver los restos de los cadáveres.

No se tenía que hablar

Así que a la semana siguiente estaban todos indemnizados, los heridos, los huérfanos y las pagas. "Todo fue muy rápido porque de eso no se tenía que hablar más. El Estado había cumplido con su parte", cuenta la archivera.

Al repasar esta tragedia lamenta que ese propósito se cumplió. "Hasta que no pasaron 40 años no se habló de Mirafé: la gente decía mi padre falleció, pero no hubo ni un acto institucional ni religioso".