El alcalde de San Vicente del Raspeig, el socialista Jesús Villar, se puso involuntariamente el pasado miércoles entre la espada y la pared al anunciar que no recurrirá la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4. La decisión judicial cuestionaba las prórrogas del contrato de Jardines y Zonas Verdes a la empresa AUDECA que había realizado unilateralmente el alcalde.

Como había informado este diario, recurrir la sentencia que era favorable económicamente al ayuntamiento le podría beneficiar a él en la denuncia por "prevaricación" que interpuso el jefe de los Servicios Jurídicos municipales por esas prórrogas. Pero le dejaría muy mal de cara a la ciudadanía, pues suponía un ahorro de medio millón de euros a las arcas municipales.

Concretamente la sentencia afirma que "dado que la continuidad de la contratación no se encontraba amparada en normativa legal o contractual alguna, y ni siquiera respaldada por los informes Técnicos municipales (que como se ha dicho informaron desfavorablemente), es por lo que cabe concluir que el decreto de fecha de 27 de diciembre de 2020 es contrario a Derecho, debiendo por la presente, quedar sin efecto, acordando en su lugar la extinción del contrato".

De hecho, el propio letrado hizo un informe a petición del alcalde en el que manifestaba que no estaba de acuerdo con el recurso en apelación y que, si hubiera de hacerse, él no lo firmaría debido al litigio judicial con el primer edil.

Contra los funcionarios

Villar explicó en el pleno municipal que no recurriría la sentencia pero arremetió contra los funcionarios asegurando que el informe solicitado al letrado no debería haber aparecido en el expediente de "dación de cuentas". Es más, afirmó que fue introducido "de manera irregular e interesada".

Preguntado por la oposición abundó en el asunto pero no apuntó directamente al letrado municipal, sino que dejó en el aire la sospecha. Según ha podido saber este diario el letrado redactó el informe pedido por Alcaldía pero no fue él el que lo recogió en el expediente para el pleno.

El alcalde sigue sin ofrecer una explicación al respecto de la investigación judicial sobre los decretos de prórroga de ese contrato y sus socios de Gobierno han impedido que se pueda abrir una comisión municipal de investigación por el asunto.

Para el letrado municipal el interés general del municipio debe quedar por encima del interés personal del alcalde, negándose a firmar cualquier recurso a la sentencia del Contencioso-Administrativo. Villar ha tomado nota del informe, pero en opinión de la oposición, parece que lo único que le importa es que se haya filtrado el informe, no lo que dice.