De las multas a la prevención. Ese es el viaje que hace la propuesta de ordenanza cívica promovida por el Ayuntamiento de Alicante. Tras el proceso de alegaciones, se actualiza para suavizar el carácter punitivo hacia la prostitución y la mendicidad con un refuerzo de las ayudas sociales. Así lo valora el equipo de Ciudadanos tras consensuar con el Partido Popular los nuevos puntos introducidos.

El que llaman "Principio de prevención" es el ejemplo de la nueva mirada que se quiere aportar a esta reglamentación. En este artículo que se añadiría ahora se destaca que "el Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público". Eso sí, como subraya a continuación, "sin que en ningún caso pueda suponer la no observación del régimen sancionador previsto en la presente ordenanza".

Esta es una parte que destacan en particular porque, como explican, "no hay ordenanza en que no se multe a nadie, porque entonces no sería una ordenanza". De ahí que subrayen que "hemos presentado estas medidas para mejorar las ideas iniciales". Y también negar que la pretensión es multar la mendicidad. "Quien reciba una falta leve la puede cubrir con cursos. Y si se pone voluntad, no tiene que pagar", apuntan estas fuentes.

Con estas alegaciones se busca, por tanto, dejar atrás las polémicas surgidas cuando se aprobó el texto inicial el pasado 25 de noviembre. La ordenanza, como indican, no se vende bien en ese momento. Por eso desde Ciudadanos insisten en que se quiere introducir unas mejoras en la línea de medidas sociales.

Las propuestas

Al nuevo artículo de "Principio de prevención" le añaden otros dos denominados "Intervenciones de carácter social". En ellos se distingue entre las "personas que ejerzan la mendicidad" y las "sin hogar".

En la primera de ellas, el texto redactado ahora destaca que "el Ayuntamiento adoptará todas las medidas sociales a su alcance para erradicar el ejercicio de la mendicidad en cualquiera de sus formas en el municipio de Alicante". 

Y ahí centran en la Administración municipal la labor de "coordinar las actuaciones de atención social" al respecto. Un punto sobre el que apoyan que "informarán a las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público, de los servicios de atención social a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas".

¿Y qué se propone para las personas sin hogar? Al igual que el anterior, se destaca el papel de coordinar con el compromiso de que "el Ayuntamiento adoptará todas las medidas sociales a su alcance para dotar a todos los ciudadanos de Alicante de una vivienda digna".

La aplicación de este principio parte de la información. Primero para que tengan el acceso a "los servicios de atención social a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario". Y luego para que "en aquellos casos graves o urgentes y con el único objeto de que la persona pueda recibir lo antes posible la atención social o sanitaria, los agentes de la autoridad solicitarán la intervención inmediata de los servicios sociales o sanitarios adecuados, acompañándola si fuera necesario".

El cambio de los servicios sexuales

Si estos son los nuevos que se introducen con este proceso de alegaciones, para abordar la venta de servicios sexuales piden reformar el ya existente capítulo tres. Y el primer punto que acuerdan modificar es la terminología con que se trata. Antes se utiliza la expresión "luchar contra la prostitución", ahora se propone "no estigmatizar más al colectivo de la prostitución".

Aparte del cambio o supresión de términos, la nueva ordenanza mantiene que "se prohíbe solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales, así como su práctica en el espacio público". Esto último lo acotan específicamente al remarcar que no puede ser "a menos de doscientos metros de centros docentes, zonas de juego infantiles y juveniles y accesos a centros comerciales y empresariales".

Los otros dos puntos de este capítulo ahondan en la prohibición de "la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual o la ejecución de actos de exhibición obscena, aun cuando no constituya infracción penal".

Tanto es así que "queda prohibido el acoso callejero". Un concepto que definen como "las prácticas ejercidas por una o varias personas, cargadas de connotaciones sexuales producidas en espacios públicos o privados que generen malestar a las personas que lo padecen".

Las alternativas

En este apartado puntualizan que "no debemos cargar la culpa sobre el colectivo de la prostitución, por eso creemos que debe haber dos tipos de sanciones, para la parte ofertante y para el demandante".

Es decir, quienes ofrezcan sus servicios sexuales estarán cometiendo una infracción leve y bajo sanción de 100 a 750 euros. Mientras que los clientes tendrían una infracción grave que estaría penalizada de 750 a 1.500 euros. Y ahí añaden que "la reiteración de dos infracciones leves por parte del mismo infractor se convertirán en una infracción grave".

Tras señalar estas medidas punitivas, abordan las ideas con las que apoyar una salida a la prostitución. En ellas se parte de la misma premisa de las anteriores dedicadas a mendicidad y personas sin hogar, comunicar las opciones disponibles como alternativa, "a fin de erradicar el ejercicio de la prostitución en el espacio público".