La enfermedad de una magistrada del tribunal ha obligado a aplazar un día el juicio sobre el supuesto amaño en la adjudicación de obras del año 2009 del Plan E en el que se acusa al ex vicealcalde de Sonia Castedo y ex edil de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, del PP, por los supuestos delitos de prevaricación y fraude. En cuanto a Fiscalía, se piden cuatro años de prisión tanto para él como para el resto de los procesados.

El presidente del tribunal de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha comunicado a las partes que una de las magistradas que conforma la sala se encuentra indispuesta por enfermedad, con síntoma compatibles con la covid-19, de modo que se ha decidido suspender la vista hasta mañana.

La intención es arrancar la vista oral durante la jornada de mañana martes, en función de la evolución de la magistrada y de la realización de pruebas que pudiesen descartar el contagio por coronavirus.

Junto a Llorens también se sientan en el banquillo de los acusados el exjefe de servicio de Atención Urbana y dos representantes de las empresas adjudicatarias de los trabajos.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce la exconcejal socialista Carmen Sánchez Brufal, solicitan cuatro años de cárcel para cada uno de los procesados.

Para Llorens, actualmente apartado de la primera línea de la política, y para el técnico municipal, la acusación pública solicita también 11 años de inhabilitación en el desempeño de empleo o cargo público, y para los dos empresarios pide la inhabilitación por seis años para contratar con el sector público o recibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social.

Los hechos que llegan a juicio tuvieron lugar en 2009 cuando la Anticorrupción sostiene que los cuatro encausados acordaron manipular la contratación de varias obras de renovación urbanística en favor de las dos compañías, hasta el punto de llegar a redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos.

Se trataba de actuaciones como la renovación o acondicionamiento de calles, avenidas, paseos, plazas y jardines, entre ellas el parque de Canalejas o la plaza de Altozano, y la instalación de contenedores de basura soterrados.

La fiscalía asegura en su escrito de acusación que el ayuntamiento de Alicante resultó perjudicado "al quedar viciada la igualdad en las contrataciones", por lo que pide que los encausados indemnicen a la administración local de forma solidaria y conjunta con el pago de 1.209.700 euros.