La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta por supuesto desvío de fondos del grupo del PP de la Diputación de Alicante durante el mandato de José Joaquín Ripoll, al Partido Popular. Se trata del segundo varapalo de este órgano contra el demandante, el diputado de Compromís en la corporación provincial Gerard Fullana, después de que se cerraran las diligencias abiertas por la cuestionada contabilidad del PP en la Diputación en años posteriores.

Ahora, el fiscal anticorrupción Felipe Briones propone el cierre del caso por la imposibilidad de determinar "la comisión de conducta delictiva alguna" por parte de los responsables de manejar los fondos que la Diputación destinaba al grupo popular para fines diferentes a los previstos en la ley. 

Briones tiene previsto archivar la investigación tras demandar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la comisaría provincial, así como a los bancos donde el grupo popular tenía abierta la cuenta, informes sobre los dos cheques por un valor de 65.000 euros.  

Por su parte, el portavoz de Compromís en la institución provincial, Gerard Fullana, quien de momento no se ha pronunciado sobre este nuevo cierre, ha venido manteniendo tiempo atrás que no hay rastro de la contabilidad del PP entre 2007 y 2015, cuando, y dijo textualmente, "el grupo del PP manejó sin acreditación alguna más de 400.000 euros”.

Esta formación aseguró entonces que esos 65.000 euros constituían la suma de dos cheques que este grupo político en la Diputación extrajo de su cuenta bancaria cuando Ripoll hizo efectiva su dimisión. 

Con esta actuación, Fiscalía Anticorrupción no ve indicios de delito en el supuesto desvío de fondos tanto de la época de Ripoll como de las más recientes. A este respecto, el fiscal Jorge Rabasa dejó constancia de que, "en caso de ser cierto lo sostenido por la parte denunciante [que existe un posible delito de malversación de fondos públicos], de lo único que hay constancia es de la transferencia de algunas aportaciones económicas del grupo político al partido político de los denunciados [en concreto a una cuenta en Murcia], pero sin que existan indicios de que las cantidades hayan sido aplicadas a fines ilegítimos o no públicos".

"Lo propio cabe decir, y sustancialmente por los mismos motivos, respecto al resto de las infracciones penales objeto de denuncia, malversación de caudales públicos, artículos 432 G.P., y financiación ilegal de partidos políticos, artículos 304 bis y 304 ter C.P", añade. Es decir, no existen indicios para abrir una investigación, sentenció.